El presidente del BBVA, Carlos Torres, asegura que no supo de los trabajos de Villarejo hasta mediados de 2018 y se desmarca del 'forensic'

Según el auto que le llamaba a los juzgados, en su mano podía estar la salvación del banco, imputado como persona jurídica desde julio de 2019. Se trataba de abordar la política de cumplimiento normativo, esa cuya ausencia desencadena la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y Carlos Torres -en el banco desde 2008, consejero delegado desde mayo de 2015 y presidente desde enero de 2019- preside el comité que vela por ella. Sin embargo, de acuerdo a las fuentes del caso consultadas por ABC, no hubo nada en su declaración que lleve a repensar en consecuencia la situación procesal de la entidad. No se prevé, así, un cambio a corto plazo.

Con traje azul y paso ligero, Torres se presentó en los juzgados libreta en mano minutos antes de la hora señalada para una testifical forzada después de que la responsable de servicios jurídicos del BBVA, María Jesús Arribas, se acogiese al secreto profesional para no declarar como testigo en este asunto. A nadie se le escapaba que habida su trayectoria en la entidad, el interrogatorio iba a ir más allá de la mera política de ‘compliance’, de ahí que la abogada del banco intentase acotar los hechos tomando la palabra en primer lugar. Subrayó, además, que el presidente no estaba allí como representante del banco, sino como testigo de determinados hechos. No tuvo mucho éxito en su intento de restringir las preguntas, a la luz de las tres horas de declaración que siguieron a su intervención sobre el conocimiento de las contrataciones con Cenyt o sobre la gestión interna de la crisis.

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Según diversas fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por ABC, a lo largo de su exposición aseguró que él no supo de la relación entre Villarejo y el BBVA hasta «junio o julio» del año 2018. Llama la atención, como toda la cronología en este caso, porque ese mayo un periódico nacional había difundido que existían contratos por importe de 10 millones de euros a lo largo de una década y el director de Comunicación del BBVA había rebotado la noticia por email a toda la cúpula. Villarejo ya era célebre para entonces, llevaba en prisión desde noviembre de 2017 y en 2015 había aflorado en portada su patrimonio millonario.

Torres explicó que tenía ese mail del director de Comunicación aún «sin leer» en la bandeja de entrada y que se enteró posteriormente de que Cenyt era «proveedor». Señaló que aquel julio, el entonces responsable del área jurídica, Eduardo Arbizu -ahora imputado-, le dijo que comenzarían a recopilar información. En octubre ya cobró forma lo que sería una investigación de auditoría interna: se reunió una versión reducida del comité que vela por la política de ‘compliance’ y allí, Arribas ofreció a los presentes una lista de contratos con Cenyt que según recogía el acta, evidenciaba ya irregularidades. Torres señaló a preguntas del fiscal que no recordaba si alguien preguntó en esa reunión cómo es que no se habían detectado antes. Fueron, de hecho, varios los momentos del interrogatorio en que adujo problemas de memoria por el tiempo transcurrido o recurrió a fórmulas como «no, que yo recuerde».

Pese a la reunión, de la que nació la investigación interna, Torres insistió en que no fue consciente de la gravedad del problema hasta enero de 2019, cuando empezaron a difundirse los audios que evidenciaban para qué se pagaba a las empresas de Villarejo. Fue, según dijo a preguntas del fiscal Alejandro Cabaleiro, «un punto de inflexión clarísimo» en la percepción que el banco tenía del asunto.

Dejó entonces el BBVA atrás su auditoría interna -sin que conste que generase informe alguno- y «externalizó» el asunto contratando a Garrigues para que, con PwC, analizase qué había sucedido y realizara el ya conocido ‘forensic’ a partir de la documentación interna del banco y las comunicaciones entre las personas concernidas.

A estos «externos» se refirió Torres en varias ocasiones durante su declaración, como en un momento en que la defensa del expresidente Francisco González le hizo ver que tanto en el juzgado como en la Fiscalía Anticorrupción dicen que BBVA no colabora en la investigación. Zanjó en este punto que tanto él como el consejo de administración marcaron ese mismo enero de 2019 «una instrucción muy clara de colaboración completa» con la Justicia y señaló, según las fuentes consultadas, que si no está siendo así, es responsabilidad de ese equipo externo.

También se refirió a ellos cuando se le preguntó por qué su nombre salió de la lista inicial de custodios sobre los que había que buscar información en los archivos del banco. Torres aseguró que no lo sabía y que había facilitado sus dispositivos para el análisis. Explicó que se enteró «por la prensa» de que había sido excluido de los criterios de búsqueda, lo que algunas acusaciones interpretaron como una maniobra de protección. Él, tras explicar que el reporte del trabajo de esta investigación externa se hace directamente a los órganos sociales del banco, «ha sido independiente» y el BBVA «no» ha intervenido para decidir a quién se deja fuera del ‘forensic’.

Había otro tema que sobrevolaba la comparecencia y era la empresa Anbycol, del policía en segunda actividad Antonio Bonilla, del que se presume que es colaborador de Villarejo y que en 2018 seguía prestando servicios al BBVA, en teoría, facilitando datos de acceso restringido. Torres dijo que no conocía esta empresa, como tampoco sabía de los encargos a Cenyt ni disponía de informes que los diseccionaran uno por uno. No se remitió nada de este tipo porque «no dio tiempo», se externalizó la investigación, aunque, según dijo, eso es algo que «correspondería responderlo a la entidad».