Torres adjudicó la mayoría de los contratos del Covid a la trama de Koldo y Aldama

La mercantil, que según el registro fue creada en el año 2017, apenas tuvo actividad durante los primeros años de vida. Fue a raíz del estallido de la crisis sanitaria, en 2020, y tras haber cambiado el objeto social de la misma a «servicios generales de constitución, financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e instituciones, investigación, desarrollo, aplicación comercial e industrial, explotación, venta y distribución de sistemas generadores de electricidad», cuando la empresa radicada en Zaragoza multiplicó su actividad y en consecuencia sus ganancias.

Un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias -el Tribunal de Cuentas autonómico-, que examinó todos los procesos realizados entonces, ya advirtió de la «dudosa legalidad» del contrato adjudicado a la firma de Rotaeche de la que el comisionista Víctor de Aldama actuaba como representante y Koldo García como recaudador. El documento reveló también que aún tratándose de una sociedad cuyo objeto social no era el material sanitario, campo en el que carecía de experiencia, el Gobierno de Ángel Víctor Torres le entregó 9,75 millones de euros por unas mascarillas cuyo precio era superior al de mercado.

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Patricia Romero

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Aldama, que según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil logró penetrar en el Gobierno de Canarias a través del exasesor de José Luis Ábalos, tenía una relación bastante estrecha con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., cuya intermediación para la importación de material sanitario desde China ofreció a varios ministerios y distintas presidencias autonómicas.

De ahí que, según se revela en el informe ambos presionaran al entonces presidente canario y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para agilizar los pagos de las facturas pendientes. El mismo documento elaborado por los investigadores de la UCO, y que ya obra en manos del juez, prueba también la complicidad del ministro Torres con Víctor de Aldama y Koldo García de cara a agilizar los cobros.

La sociedad, que ahora está bajo la lupa del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que trata de esclarecer si tuvo un trato de favor al conocer los términos del decreto de alarma que decretó el Gobierno y en consecuencia los requerimientos de material sanitario que se iban a producir, pasó de facturar cero a 53 millones de euros en pocos meses. El 18 por ciento de los ingresos del año 2020, cuando Soluciones de Gestión empezó a operar en el archipiélago, los empresarios vinculados con Koldo García los obtuvieron del Gobierno de Canarias.

El primer contrato entre la Administración de Ángel Víctor Torres y la empresa investigada se formalizó el 22 de abril del 2020 por un valor de 4,7 millones de euros y sin referencias sobre la adjudicataria. Apenas cuarenta días después de la declaración de la emergencia sanitaria por el Consejo de Ministros. Dos semanas más tarde, el 4 de mayo, la Administración autonómica hizo un segundo pedido valorado en 5 millones de euros.

El Gobierno socialista de Canarias, tal como queda probado también en el informe de la UCO, por las trabas que puso la jefa del servicio económico del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez, fue alertado de las irregularidades en la contratación de la principal empresa investigada en la trama de mordidas. La funcionaria ralentizó los trámites para el pago de las facturas que exigían Aldama y Koldo, al considerar que el coste individual de las mascarillas era muy superior al de otras ofertas y eso le obligaba a hacer una mayor comprobación del procedimiento. Una forma de actuar que desesperó tanto a los presuntos cabecillas de la trama como también al expresidente Torres, que dio la orden de satisfacer al exasesor de Ábalos.

El informe elaborado por la Audiencia de Cuentas, que deja en evidencia la gestión de Ángel Víctor Torres y que demuestra que se priorizó la empresa vinculada a Víctor de Aldama y Koldo García pese a no tener una solvencia demostrable, señala que «no consta, en ninguno de los expedientes verificados, que las entidades fiscalizadas hayan comprobado la capacidad de los adjudicatarios ni tampoco que se les haya exigido la preceptiva solvencia económica, financiera y técnica para llevar a cabo las adjudicaciones realizadas».

Aunque el informe sí reconoce que «se trata de contratos de emergencia», deja claro que «la normativa vigente no exime a la administración de cumplir tales requisitos, sin que conste en los expedientes la justificación de la posibilidad de comprobar estos requisitos de emergencia u otros motivos que acredite esta imposibilidad».

El documento de la Audiencia de Cuentas reseñaba también que «al objeto de minorar los riesgos que pueden llegar a ocasionar situaciones excepcionales y duraderas en el tiempo, se recomienda al Gobierno de Canarias que en el marco de un plan de contingencia establezca, con la participación del personal técnico, tanto sanitario como administrativo, los cauces formales necesarios para atender, observando en todo caso los principios de eficacia y celeridad, las necesidades sobrevenidas que pudieran producirse».

En las conversaciones intervenidas por la UCO a Koldo con Torres, se observa que el ministro no solo no tuvo en cuenta los criterios del funcionariado técnico, si no que cuando algunos funcionarios alertaron de las posibles irregularidades que se pudieran estar cometiendo, el expresidente de Canarias incluso llegó a amenazar al que fuera asesor de Ábalos con «hacer saltar por los aires» a la jefa del área económica.

Fuentes del departamento que dirige Ángel Víctor Torres, el lunes por la noche, cuando todavía se conocía parcialmente el informe de la UCO, defendieron que «queda acreditado que se actuó correctamente en la adquisición de mascarillas tal y como han avalado la intervención, la Audiencia de Canarias y el Tribunal de Cuentas». Algo que, con el informe en la mano, evidencia que el ministro falta a la verdad.