La tentación de la rebaja de las mayorías en el CGPJ que ya frenó Europa

En plena ofensiva contra el tercer poder del Estado, tras el «punto y aparte» anunciado por Sánchez después de sus cinco días de reflexión, en el mundo judicial nadie confía ya en que en estas condiciones el PP vaya a continuar negociando la renovación del Consejo, un objetivo que ya se antojaba difícil –incluso con la mediación con la Bruselas–, pero para el que al menos había cierta esperanza una vez pasadas las elecciones europeas de junio. Ahora ya no, y prueba de ello es que el lunes no transcurrieron ni cinco horas desde que Sánchez se abrió a emprender una reforma unilateral del CGPJ y el registro de la proposición de ley de Podemos, que viene a recuperar, aunque de una forma más agresiva, la primigenia iniciativa de diciembre de 2020, cuando el Consejo acababa de cumplir dos años en funciones.

El debate ya no está en si procede la renovación del órgano de gobierno de los jueces conforme al modelo actual –el de elección exclusivamente parlamentaria del que el PSOE no quería moverse– o el de dejar en manos de la carrera la elección de los doce vocales de procedencia judicial –lo que pedía el PP siguiendo las recomendaciones europeas–. Lo que está ahora sobre la mesa es si, en una vuelta de tuerca que vuelve a retorcer los pilares del Estado de derecho, el PSOE y sus socios están dispuestos a seguir adelante con una reforma que ya frenó en su momento Europa por el ataque a la independencia judicial que suponía.

Tanto fue así que Juan Carlos Campo, en su condición de ministro de Justicia del Gobierno de Sánchez, tuvo que pedir al PSOE y a Podemos que retiraran esa proposición de ley y dar una oportunidad más al diálogo con el PP. Días antes –abril de 2021– la vicepresidenta de la Comisión responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourová, había transmitido al hoy magistrado del Tribunal Constitucional que rebajar la elección de los vocales del Consejo de tres quintos a mayoría absoluta iba en contra de las recomendaciones de la UE, las mismas que año tras año instan a reducir la influencia del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sobre el Poder Judicial. Se trata de garantizar, explicó entonces Jourovà, que el CGPJ no sea percibido como «vulnerable a la politización». La misma recomendación que ese año y los sucesivos ha hecho el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) en sus informes sobre el Estado de derecho en España, que llaman reiteradamente a buscar consensos entre las principales fuerzas políticas.

El caso es que si aquella proposición de ley ya era motivo de preocupación en Europa y en buena parte de la judicatura, lo es aún con más razón «el asalto al Consejo» que implica la proposición de ley de Podemos que llegará a debatirse en el Parlamento y que pasa no solo por esa rebaja de las mayorías sino por hurtar al Senado (donde el PP tiene esa mayoría absoluta) la elección de seis de estos doce vocales y trasladarla íntegramente al Congreso, donde saldría adelante sin necesidad de contar con los de Alberto Núñez Feijóo. De fructificar este plan, el Gobierno y sus socios se quedarían con 17 de los 20 vocales del Consejo, pues uno de los cuatro juristas propuestos por el Senado que convivirían con los vocales nuevos fue nombrada a propuesta del PSOE.

Esta holgada mayoría progresista haría frente al centenar de nombramientos pendientes en la cúpula judicial, entre ellas un tercio de la plantilla del Supremo, que sumadas a las vacantes que se esperan en los próximos cinco años por nuevas bajas y jubilaciones van a implicar un cambio en la mitad de la composición del Alto Tribunal. Entre esas vacantes del Supremo se encuentran cuatro de las cinco presidencias de Sala: las dos que están ejerciendo en funciones Pablo Lucas (Sala Contencioso-Administrativa) y Antonio Sempere (Sala Social); la Sala Civil (Francisco Marín Castán) y la Sala Segunda (Manuel Marchena no puede afrontar un tercer mandato).

Anticipándose a ese escenario, el actual presidente en funciones del Supremo –precisamente Marín Castán–, pidió de forma expresa en su discurso de apertura del año judicial que cuando se afronte la renovación nadie trate de sacar «ventajas políticas» y que la designación de nuevos magistrados no se haga «de forma apresurada» sino con prudencia y reflexión. La necesaria incorporación de savia nueva, dijo, debe acompasarse, «sin trastocarlo, al funcionamiento de una institución que supera los dos siglos de historia».