El Supremo suspende 'sine die' la citación de 'Alvise' por el acoso en redes a una fiscal de Valencia

El magistrado Juan Ramón Berdugo le había citado inicialmente para el 19 de junio, pero el eurodiputado le explicó que no podía acudir ese día porque le coincidía con una sesión en el Parlamento Europeo. El instructor aplazó la citación al viernes 20. Pero 'Alvise' ha vuelto a pedir que se suspenda, así que finalmente se ha suspendido y no se ha fijado nueva fecha.

El instructor responde que aunque como aforado pueda decidir si comparece o no de forma voluntaria, ello no significa que «pueda hacerlo en el momento que considere más oportuno».

«Se entenderá fácilmente si se repara en que, ofrecida la posibilidad de declarar de forma voluntaria antes de proceder a adoptar la decisión pertinente acerca de elevar o no el correspondiente suplicatorio, esta decisión no puede (ni debe) quedar suspendida hasta tanto aquel considere llegado el momento oportuno para prestar su declaración voluntaria», señala.

El magistrado advierte que «ello no solo daría pábulo al surgimiento de eventuales dilaciones indebidas, sino que podría perjudicar también seriamente la eficacia de la investigación».

Según consta en el auto, recogido por Europa Press, el instructor señala que, en este caso, 'Alvise' dijo que precisaba de más tiempo para preparar su defensa y declinó comparecer a declarar voluntariamente el 20 de junio, aun cuando dispone de copia de la totalidad de lo actuado.

El eurodiputado estaba citado a declarar por la causa abierta por un presunto delito de acoso o de 'stalking', así como de provocación a delito de atentado contra la autoridad o funcionario público y/u odio a través de redes sociales. El magistrado le ofreció declarar voluntariamente por esta causa al iniciar los trámites para pedir permiso a la Eurocámara para poder avanzar en las pesquisas en su contra.

El Supremo asumió el caso dada la condición de aforado de 'Alvise' como eurodiputado y al considerar que pudo haber actuado con «intención voluntaria y consciente de comprometer» la vida de Gisbert. En concreto, por unos mensajes difundidos en su canal de Telegram contra ella en 2024 que provocaron que otras personas le remitieran múltiples mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales.

En uno de los mensajes difundidos en Telegram se hacía referencia al organigrama de «las personas responsables de la persecución ideológica llamada 'delitos de odio'». «Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN», manifestaba.

En el mensaje se instaba a buscar las identidades de dichos fiscales y añadía la imagen de Gisbert, a quien señalaba como la responsable de «haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra 'inmigración' e 'invasión' juntas».

Para el Supremo, «su llamada a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión» hacia Gisbert y el hecho de que 'Alvise' «insistiera en esa reacción después de que muchos seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal y su familia», «muestra indiciariamente que pudo existir intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima».

Asimismo, el tribunal tuvo en consideración que 'Alvise' --además de difundir dos mensajes-- permitió «que se difundieran los perfiles que la denunciante tenía en X, Facebook e Instagram», donde estaba recibiendo «insultos y amenazas».

Según explicó, aunque de lo ahora investigado no se refleja que el eurodiputado «cursara directamente coacciones, amenazas o injurias» contra Gisbert, «ello no excluye una eventual responsabilidad criminal por los hechos que son objeto de investigación.

Sobre este extremo, el Supremo indicó que los funcionarios policiales que iniciaron la investigación no pudieron identificar a quienes realizaron comentarios en el canal de Telegram 'Alvise Pérez Chat', pero sí pudieron identificar al administrador del canal: el propio eurodiputado.

De haber acudido a la cita del 20 de junio, sería la segunda vez que 'Alvise' compareciera de forma voluntaria en el Supremo por una causa abierta en su contra. El pasado 6 de junio acudió por la causa que se le abrió por haber difundido una PCR falsa del que fuera ministro de Sanidad y ahora presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Además, el eurodiputado tiene abierta una tercera causa, la relativa a presunta financiación ilegal de partidos políticos y delitos electorales, entre otros, por los 100.000 euros que el empresario imputado en la Audiencia Nacional (AN) Álvaro Romillo, alias 'Cryptospain', afirma que le dio para SALF de cara a los comicios europeos de 2024.