El Supremo revoca el desahucio de una mujer que no pagó una factura de luz porque era veinte veces superior a lo habitual

La mujer devolvió la mensualidad de mayo de 2021 por un valor de 895,71 euros, que incluía un gasto por consumo de agua de 562,13 euros que comprendía, según el recibo expedido, el periodo de 3 de diciembre de 2020 a 3 de febrero de 2021. Ante la devolución del recibo, la empresa arrendadora Comerzia S.I.C.E., S.L. le advirtió del impago y le comunicó mediante burofax que la renta adeudada, y la correspondiente al mes de junio, se la podía domiciliar por banco en la cuenta bancaria que les facilitó para cobrarle los recibos de alquiler. En caso de no abonar dichas cantidades en el plazo establecido, la propietaria se reservaba las acciones legales que estimara pertinentes.

La demandada respondió en otro burofax que, como había manifestado al letrado de la demandante, reiteraba su petición para que le facilitasen un número de cuenta en la que ingresar la deuda y explicaba que la factura de agua no estaba debidamente desglosada. Indicaba que no tenía impedimento en abonarla, siempre y cuando se le acreditara el consumo real ante el desproporcionado del recibo, y solicitaba su fraccionamiento debido a sus escasos ingresos.

Posteriormente, envió otro burofax a la demandante en el que se quejaba de que no había obtenido respuesta al anterior y le comunicaba su voluntad de abonar las mensualidades, pero la empresa propietaria de la vivienda había retirado la orden de cobro que emitía cada mes. Además, le instaba a que le facilitasen un número de cuenta, para consignar la deuda, ya que, pasado un plazo no superior a 5 días, si persistían en su negativa a recibir los pagos, procedería a su consignación judicial, como así hizo.

Comerzia S.I.C.E., S.L. interpuso una demanda de resolución de contrato de arrendamiento que fue desestimada por el juzgado de Primera Instancia nº 18 de Madrid, que entendió que la demandante aprovechó un registro de consumo desorbitado para provocar una situación de incumplimiento contractual con el que fundar su acción de desahucio, en una forma de proceder contraria a la buena fe contractual con manifiesto abuso de derecho.

La Audiencia Provincial de Madrid, por su parte, estimó en parte el recurso de la arrendadora y declaró la resolución del contrato, condenando a la demandada a dejar la vivienda basándose en que su disconformidad con la factura no excusaba su impago.

El Tribunal Supremo da la razón a la arrendataria y concluye que «no puede considerar en las circunstancias concurrentes, que hubiera habido un impago de la renta con entidad resolutoria del contrato». Señala que, incluso, con la contestación de la demanda, se consignó el importe del recibo del agua mediante una transferencia a la cuenta del juzgado de 924 euros, «correspondientes a los importes pendientes para alcanzar la totalidad de lo debido (4144 € pendiente de ulterior liquidación)»».

Añade que «si las partes habían convenido que constituía prestación de la arrendataria abonar los consumos de agua, y si el vínculo convencional con la empresa suministradora de tales servicios los mantenía exclusivamente la arrendadora, por haberse convenido así por las partes, conforma una exigencia derivada de los principios y deberes éticos que impone el artículo 1258 del Código Civil, que la arrendadora se interesase por averiguar las razones del importe de tan desproporcionado recibo, y diera de esta forma a la demandada la explicación obtenida al respecto, con las correcciones que, en su caso, hubiera lugar, pero no limitarse a imponer su pago, amparándose en la literalidad de lo pactado, sin prestarle la colaboración requerida para determinar las razones de tan excepcional cuantía».