El Supremo prorroga por seis meses la investigación a Alvise Pérez por financiación ilegal

«En el caso, no puede obviarse una circunstancia muy significativa como lo es la condición de diputado del Parlamento Europeo de la persona investigada que obliga, a modo de condición de procedibilidad, a solicitar la autorización de la Cámara para que la fase previa pueda sustanciarse. Trámite que, a todas luces, reclama un tiempo de tramitación que se prolongará por varios meses», puntualiza en el auto al que ha tenido acceso ABC.

El juez toma esta decisión de prorrogar la investigación hasta marzo de 2026 después de solicitar el criterio al fiscal y a las partes personadas, incluida la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, y después de no haber podido recabar la postura ni de Alvise Pérez ni del empresario Álvaro Romillo.

En esta causa, el magistrado citó tanto a Alvise como a Romillo tras abrir causa por un presunto delito de financiación, aunque apuntó también a delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental. El Supremo asumió el caso a instancias del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que no pudo dirigir su investigación contra el eurodiputado, al gozar de la condición de aforado, en el marco de las pesquisas sobre una presunta estafa piramidal a través de Madeira Invest Club, de la que Romillo fue máximo responsable.

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En su declaración voluntaria ante Sánchez Melgar, el eurodiputado reconoció que recibió 100.000 euros de Romillo pero matizó que fue por una charla de media hora sobre «libertad financiera». Negó así que usara ese dinero para la campaña de SALF a las elecciones europeas del 9 de junio de 2024.

Alvise Pérez sostuvo que llevó ese dinero a su casa pero que no lo gastó en la campaña de SALF que, aseveró, le costó poco más de 30.000 euros.

Sobre los 100.000 euros, precisó que usó aproximadamente la mitad en gastos personales, entre los que mencionó viajes personales y profesionales. El resto indicó que sigue a su disposición.