El Supremo da ocho días a acusaciones y defensas del 'procés' para que valoren la reforma que les afecta

Como informó ABC, los dirigentes independentistas pedirán no solo su absolución, sino también que se extinga su responsabilidad penal y las penas de inhabilitación que el Supremo les impuso en 2019.

En el caso del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (ERC) y el extitular de Interior Joaquim Forn, su letrado, Javier Melero, informa a este diario que su intención es solicitar la absolución. Lo harán, dijo, en virtud de la circular 3/2010 de la Fiscalía General del Estado, sobre el régimen transitorio aplicable a la reforma del Código Penal. Circular que detalla, entre otras, que la revisión de sentencias ha de partir del principio de retroactividad de la ley penal más favorable para el reo, y que cuando con motivo de la reforma resultare la despenalización de alguna de las conductas se valorará la legislación más beneficiosa para los condenados.

Así, en sendos escritos, sus defensas solicitarán que se les absuelva de todos los delitos, incluyendo el de malversación, y también que se extingan las inhabilitaciones que pesan sobre ellos. Es decir, si así fuera, podrían volver a concurrir como candidatos en unas futuras elecciones.

Por su parte, fuentes de la defensa de Jordi Sànchez no habían decidido si presentarán o no el escrito porque no quieren dificultar su estrategia de defensa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde presentó un recurso contra la sentencia del 1-O, con la intención, según explicó entonces, de que la Justicia europea diese un «correctivo» al Estado.

El pasado 22 de diciembre el Senado aprobó la reforma exprés del Código Penal, impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, para rebajar el delito de malversación y derogar el de sedición. Aunque Moncloa vendió la iniciativa como medida para «desjudicializar el 'procés'» –y también para homologar el ordenamiento jurídico español a las democracias europeas, en palabras de Pedro Sánchez–, desde Junts se mostraron muy críticos con la modificación. Entre ellos, su secretario general, Jordi Turull –condenado a 12 años de cárcel por el 1-O–, que defendió que el referéndum prohibido por el Tribunal Constitucional no era un delito y, por tanto, que la reforma no era «ninguna solución». De hecho, el partido independentista votó en contra de la modificación en la Cámara Alta –igual que PP, Vox y Cs–, pese a que la reforma salió adelante con el apoyo de ERC, Bildu, PNV y Més per Mallorca–.

La sedición se sustituye ahora por otro delito, el de desórdenes públicos agravados, penado con un máximo de cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación.