El Supremo inadmite la querella contra Pisarello y Asens por la quiebra del parque Open Camp

En el auto, firmado el pasado 14 de febrero y dado a conocer hoy por el Alto Tribunal, los magistrados concluyen -en la línea de lo que expuso en su día la Fiscalía- que no hay razones que justifiquen la apertura de un proceso de investigación penal. El Supremo considera que, según el relato del empresario, hay unos hechos que se refieren a la falta de colaboración institucional para que el desarrollo de Open Camp «y que, caso de ser cierto, podría dar lugar al ejercicio de las acciones civiles o administrativas que correspondan por incumplimiento de lo pactado en contrato pero que son ajenas a la jurisdicción penal».

De esta manera, los magistrados descartan cualquier posibilidad a que la denuncia tenga recorrido en el ámbito penal. Y apuntan a que lo denunciable, en todo caso, se tendría que enfocar a «la omisión de la obligación de colaboración concertada entre B:SM [la empresa municipal que controlaban los querellados en su etapa de dirigentes municipales] y Open Camp para obtener financiación del proyecto tanto en el ámbito nacional como en el de la Unión Europea o el desarrollo paralelo de un proyecto similar».

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Así, la Sala de lo Penal no puede adoptar otra decisión que la inadmisión a trámite de la querella, pues los hechos denunciados no son constitutivos de delitos. «Se presenta como delito lo que no son sino las actuaciones realizadas por los querellados en el marco de un complejo conflicto contractual. En la querella no se describen hechos que presenten caracteres de delito por lo que las eventuales diferencias existentes en torno al incumplimiento del contrato por parte de B:SM y las consecuencias que de ello se puedan derivar habrán de ser planteadas, en su caso, ante la jurisdicción civil o contencioso-administrativa», añaden los magistrados.

Medina, en calidad de socio director de la empresa Gaudi Innovation -una de las mercantiles que puso en marcha Open Camp-, interpuso la querella contra Pisarello, Asens, Badia y Carranza por los delitos de amenazas condicionales, coacciones, extorsión, falsedad documental, fraude funcionarial, prevaricación administrativa, cohecho pasivo y financiación ilegal de partido político al considerar que estos dilataron en el tiempo el cumplimiento del contrato para el correcto desarrollo del parque deportivo, firmado por B:SM cuando el Ayuntamiento de Barcelona lo controlaba CiU.

Pero las elecciones municipales de 2015 produjeron un cambio en el consistorio barcelonés y la entrada de los comunes de Ada Colau en la institución local. Estos, en su programa electoral, llevaban que entre sus objetivos estaba el de tomar medidas para detener la actividad de Open Camp, entre otros proyectos, por considerarlo contrario al bien común. Con ese propósito los querellantes realizaron un conjunto de acciones que, según Median, eran constitutivas de distintos delitos.

El parque solo aguantó operativo entre 2016 y 2017. El primer parque temático del mundo dedicado al deporte (36 actividades, varias virtuales y museos) no entraba en los planes de Colau, Asens y Pisarello, y estos incumplieron -según el empresario y el Supremo, ahora, no lo descarta- el contrato firmado en tiempos de Xavier Trias. Al año de abrir, Open Camp tuvo que declararse en quiebra. Los inversores (24) perdieron, directa o indirectamente, 31 millones de euros. Y la inquina política contra la iniciativa dejó un listado de 69 empresas afectadas como proveedores, que perdieron 11,5 millones. Entre estas, el propio Ayuntamiento de Barcelona, grandes bancos, tecnológicas y editoras de periódicos como 'El Periódico', 'Ara' y 'El Punt Avui'.