Si el Supremo extiende esta sentencia hasta los agentes de la Guardia Civil implicaría, según afirma Jucil, «la aplicación de coeficientes reductores que permitan una posible jubilación anticipada no penalizada, un derecho largamente demandado por el colectivo». «El objetivo principal de esta extensión de sentencia es lograr para la Guardia Civil aquello que ya se consiguió para el personal de Seguridad Social de la Policía Nacional», ha confirmado la asociación.
Jucil ha criticado, además, que «no hay voluntad política real ni en la Dirección General, ni en el Ministerio, ni en el Gobierno para aprobar un Real Decreto que nos lo reconozca», añadiendo que «es hora de esperar y confiar en la Justicia para conseguir lo que por derecho corresponde a la Guardia».
Finalmente, han insistido en que «a pesar del apoyo manifestado por diversos grupos parlamentarios, este no se ha traducido en una propuesta formal de modificación legal y posterior aprobación, como sí ocurrió con otros cuerpos como los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza o la Policía Foral».
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