El Supremo confirma a los miembros del tribunal que juzgará a García Ortiz

Así consta en una providencia de este jueves en la que se explica que, conforme a las normas de reparto de la Sala de lo Penal, debe estar integrado por los magistrados que formaron la Sala de Admisión que acordó investigar el caso –Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Polo–, más otros dos que han sido Andrés Martínez Arrieta, nuevo presidente de la Sala de lo Penal, y Ana Ferrer.

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Se da la circunstancia de que Martínez Arrieta y Ferrer se enfrentaron recientemente por la Presidencia de la Sala de lo Penal –ostentada anteriormente por Marchena–, uno impulsado por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que finalmente se impuso, y otra, apoyada por los vocales progresistas del órgano de gobierno de los jueces.

La composición de este tribunal revela una mayoría de corte conservador, aunque la magistrada que se encargará de hacer la propuesta de sentencia será Polo, de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Esta tarea ha recaído sobre ella porque así lo establece igualmente la normativa interna al haber sido la ponente del auto de la Sala de Admisión por el que se abrió causa al fiscal general del Estado.

Según fuentes jurídicas, que ya avanzaron que este sería el tribunal del 'caso fiscal general', el juicio se celebrará en el mes de noviembre, con una duración aproximada de una semana.

Sin embargo, el proceso podría alargarse en función de la prueba que finalmente se admita, ya que las partes han solicitado las declaraciones de numerosos testigos. Siguiendo este calendario, las citadas fuentes calculan que podría recaer sentencia hacia final de año.

Las fuentes consultadas por Europa Press auguran un juicio complejo, tanto por la entidad del acusado –nunca antes un fiscal general ha sido juzgado en el Tribunal Supremo– como por las dificultades probatorias del delito apreciado por el magistrado instructor, Ángel Hurtado, la revelación de secretos.

No obstante, el catálogo de delitos podría ampliarse, ya que el propio instructor mencionó, en la resolución por la que envió a juicio a García Ortiz, otros de prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos públicos, dos tipos penales que también califican algunas de las acusaciones populares y que podrían elevar la eventual pena a hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación.

En cuanto a la prueba a practicar en juicio, en sus escritos las acusaciones reclamaban la declaración de García Ortiz y de numerosos testigos, entre ellos González Amador; su abogado en el caso por delitos fiscales, Carlos Neira; el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; cuatro fiscales –Pilar Rodríguez, Almudena Lastra, Diego Villafañe y Julián Salto–; y varios periodistas.

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La acusación particular también reclama las testificales de la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, del que fuera líder de los socialistas madrileños Juan Lobato y del ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés; mientras que la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) plantea interrogar al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Se espera que el juicio gire en torno a las testificales, ya que tras ocho meses de investigación la causa se sostiene en las declaraciones de testigos e imputados acordadas por Hurtado; en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con las comunicaciones de Pilar Rodríguez en las horas clave de la presunta filtración, puesto que García Ortiz borró sus chats y correos; y en las conversaciones de WhatsApp aportadas por Lobato, Miguel Ángel Rodríguez y periodistas.

Los testigos reclamados por las acusaciones de cara al juicio son los personajes clave de los hechos investigados que finalmente Hurtado ha acotado a la presunta filtración por parte de García Ortiz a la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024 del correo electrónico enviado por Neira a la Fiscalía el 2 de febrero de ese año, buscando un pacto en la causa por delitos fiscales donde González Amador ya ha sido enviado a juicio.

El magistrado sostiene que, en paralelo, desde la Fiscalía General, «y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo» en cuestión, se envió copia del mismo a Sánchez Acera, «quien hizo uso de él, dando instrucciones» a Lobato para que lo exhibiese en su intervención en dicha Cámara contra Díaz Ayuso.

En su resolución, Hurtado insiste en que el citado 'email' contenía «información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía, que han de presidir este tipo de conversaciones«.

El magistrado expone que, dado ese «deber de discreción», «no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación».

A ello añade que la filtración del correo «pone en cuestión el prestigio de la institución», destacando en este sentido «el cometido y la función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal, sujeto en esa función a principios como el de legalidad e imparcialidad».

Hurtado opina que estos principios «pueden quedar en entredicho en la medida que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas, y, sin duda, tener indudables efectos perjudiciales en el fundamental derecho de defensa del afectado».

Para el magistrado, todo ello fue asumido por García Ortiz, desde el momento en que, «a una información confidencial de la que tuvo conocimiento por razón de su cargo como fiscal, le dio una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida».