El Supremo da la razón al fiscal Stampa y obliga a la Fiscalía General a entregarle su expediente

La resolución, a la que tuvo acceso ABC, parte de la negativa que recibió Stampa cuando pidió directamente a la Fiscalía General acceso a aquel expediente en calidad de interesado. Le respondieron que como ya se habían archivado y eran de tiempo atrás, no procedía entregarle el expediente.

Acudió entonces al Tribunal Supremo, donde la Abogacía del Estado, en representación de la Fiscalía, insistió en la negativa aduciendo, entre otros argumentos, que el interesado tiene derecho a conocer el estado en que se halla la tramitación del asunto que le afecta, pero no su contenido. Y la Sala no está de acuerdo con esa interpretación.

«De aquí no se sigue que las personas con un interés legítimo no tengan derecho a conocer la información recogida en procedimientos administrativos ya concluidos ni menos aún que no tengan derecho a conocer datos relativos a ellas», dicen los magistrados, para incidir que «ello es especialmente claro cuando de empleados públicos se trata, pues su situación de dependencia respecto a la Administración exige que haya medios adecuados de garantía y protección».

Asimismo, la Sala subraya que según el Reglamento del Ministerio Fiscal «los miembros de la carrera tienen derecho en todo momento a conocer los datos recogidos en su expediente personal». «Esta norma es muy clara. Frente a ello, no resulta convincente aducir, como hace la Abogacía del Estado, que en el expediente personal sólo se anotan las resoluciones sancionadoras», dicen los magistrados, que ven «exageradamente formalista» esa argumentación.

Reconoce el derecho de Stampa «a obtener copia íntegra y certificada de las diligencias de inspección» incluyendo la identidad de «cualesquiera personas que en ellas aparezcan». En ese caso concreto, se trataba de la denuncia de una letrada de la Administración de Justicia de Lanzarote que fue archivada.

Stampa fue el fiscal que desde Anticorrupción, arrancó la investigación que se acabaría convirtiendo en una macrocausa en la Audiencia Nacional contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Perdió la plaza en aquella Fiscalía cuando siendo fiscal General del Estado Dolores Delgado, el Consejo Fiscal no le propuso atendiendo a la existencia de una inspección tras una denuncia sobre unas publicaciones en prensa que sugerían una revelación de secretos a Podemos, acusación popular en el caso Villarejo. Su compañero, Miguel Serrano, era objeto de la inspección igualmente y sí consiguió la plaza.

El fiscal de Madrid que hubo de investigar a Stampa, propuso en dos ocasiones archivar las diligencias porque no veía ninguna conducta reprochable, pero desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, donde se desempeñaba el ahora fiscal general Álvaro García Ortiz, se fueron dando indicaciones para practicar más prueba. De ahí que cando llegó el momento de los nombramientos, ese expediente, que acabaría en nada unas semanas después, estuviese abierto.

Stampa, que ahora se desempeña en la Fiscalía de Madrid, comenzó a reclamar documentación de aquellas actuaciones y esta es la tercera vez que se le da la razón. Las dos primeras lo fueron en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde antes de que se finalizase la tramitación de la demanda, la Fiscalía General accedió a sus pretensiones. En una de las resoluciones impusieron al Ministerio Público las costas del procedimiento, como ha hecho ahora también el Contencioso del Tribunal Supremo.

Pero tiene más frentes abiertos: tres demandas en el propio Tribunal Supremo por otras tantas negativas de la Fiscalía General a proporcionar acceso a expedientes que le afectan y la impulsada en la Audiencia Nacional por desviación de poder en la investigación interna que se prolongó sobre él y que, conforme señala, acabó condicionando el concurso para acceder a las plazas.