El Supremo cita el 11 de julio a Alvise y CryptoSpain por la presunta financiación ilegal de SALF

El instructor da este paso en el marco de la causa abierta por los 100.000 euros que Romillo dio a 'Alvise' para SALF de cara a las elecciones europeas del 9 de junio de 2024. El Supremo asumió el caso a petición del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar al eurodiputado -que goza de la condición de aforado- por un presunto delito de financiación ilegal.

Es la tercera vez que Pérez es citado a declarar en el alto tribunal. Ya compareció por las otras dos causas que tiene abiertas: una relativa a la difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; y otra por el presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio, Susana Gisbert.

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El pasado viernes 20 de junio, cuando compareció por el presunto acoso a Gisbert, 'Alvise' ya avisó en declaraciones a la prensa que volvería al Supremo «para la financiación ilegal». Y defendió que era «público y notorio» que había recibido esos 100.000 euros. «Poco me parece que me pagaran 100.000 euros por media hora de charla», manifestó.

Así las cosas, el próximo 11 de julio el eurodiputado deberá responder a las acusaciones de presunta financiación irregular de su partido. El Supremo considera que la actuación de 'Alvise' encajaría en el delito de financiación ilegal de partidos políticos, toda vez que «es de aplicación a los hechos el artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), en cuanto refieren una conducta sobre elusión de los deberes de contabilidad y control de ingresos de los partidos políticos».

Ese artículo de la LOREG establece que «los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses».

La Sala de lo Penal, cuando abrió esta causa, señaló que los hechos atribuidos a 'Alvise' también podrían «indiciariamente» constituir «delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental». Para el tribunal, por dichos delitos resultarían responsables tanto 'Alvise', ya que «aparece como administrador electoral del partido», como Romillo, «como donante del partido, con entrega de cantidades superiores a las permitidas y como autor de un delito electoral». Al abrir la causa, el Supremo aceptó la personación como acusación popular del PSOE, que podrá participar en el interrogatorio fijado para el próximo 11 de julio.