El Supremo cita a Ábalos el 12 de diciembre por el caso de las mascarillas

Con carácter previo a resolver sobre si eleva el correspondiente suplicatorio a la presidencia del Congreso de los Diputados, el instructor le ofrece la posibilidad de declarar voluntariamente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal para favorecer su derecho de defensa. Le insta a que a la mayor brevedad diga si va a acudir a la citada declaración.

Además, Puente cita a declarar como investigados al empresario Víctor de Aldama (el próximo 16 de diciembre) y a Koldo García (el 17 a la misma hora).

El magistrado asume la competencia para investigar tanto a Aldama como a Koldo al considerar que las conductas de los tres están relacionadas de forma «directa e inescindible», hechos que se resumen en la adjudicación de contratos entre la Administración o entidades vinculadas a ella a empresas privadas o conductas equivalentes. Respecto a los otros imputados, Puente indica que el Juzgado Central de Instrucción número 2 debe continuar con la investigación de las diligencias previas respecto a todos los demás imputados y también con aquellos que afecten a Koldo y a Aldama que no guarden relación con Ábalos, como delitos contra la Hacienda Pública y/o de blanqueo de capitales.

Según la exposición razonada, Aldama sería la persona que en beneficio propio y de terceros, a través de determinados pagos o de contraprestaciones económicas y aprovechando su influencia sobre Koldo García y sobre el propio José Luis Ábalos, «habría logrado para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos, fundamentalmente con las entidades Puertos del Estado y ADIF, pero también con otras administraciones o entidades a ella vinculadas».

Respecto a Koldo García, asesor del entonces ministro, se trataría de la persona que podría haber actuado como enlace entre la Administración o entidades vinculadas a ella a empresas privadas o conductas equivalentes, es decir, entre Víctor de Aldama y José Luis Ábalos.

El instructor indica que los pagos que De Aldama, «siempre en los términos indiciarios que resultan propios de esta muy incipiente fase de la investigación, podría haber realizado a los dos primeros, aparecen en el escenario fáctico inescindiblemente vinculados a los cobros, como igualmente no resulta factible desconectar las gestiones intermediadoras que se atribuyen al señor García del efecto que las mismas pudieran haber proyectado sobre la persona del aforado. Fácilmente se comprenderá el indisoluble vínculo entre unas y otras imputaciones si se repara en la que resultaría inconciliable coexistencia de resoluciones diversas en alguna de las cuales se descartara, por ejemplo, la existencia de los pagos, mientras otras proclamaran la realidad de los cobros».

El instructor da un plazo de tres días a las seis acusaciones populares (PP, Vox, Hazteoir, asociación Liberum, Manos Limpias y Asociación de Abogados Demócratas por Europa), a las que tiene personadas provisionalmente en la causa, para que informen en relación con la previsión legal de acumular a todas ellas en una única acusación.