El Supremo anula una rebaja del 'solo sí es sí' por la «extrema» violencia empleada en la agresión sexual

Los magistrados subrayan que, en este caso, el acusado empleó «una violencia intensa, inusitada» y «prolongada» que -tras la reforma del Código Penal– conlleva una pena mínima imponible de 11 años de prisión por el delito de agresión sexual, cifra superior a los 9 años que se le impuso al agresor en la sentencia de instancia o los 7 años que se le aplicó tras la revisión.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal explica que la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual contempla penas mayores para los casos en los que la agresión se produzca con «violencia de extrema gravedad». Por ello, considera que en este caso la nueva redacción legal no beneficia al reo y que lo pertinente es aplicarle el Código Penal anterior y dejarle la pena original de 9 años de cárcel.

El hombre fue condenado por una agresión que tuvo lugar en junio de 2015, cuando quedó con su entonces pareja en un 'pub' en un municipio de Alicante. Aquella noche, ella le dijo que quería «dejar la relación». Ambos se fueron juntos, en el mismo coche, con la intención de «irse a sus respectivos domicilios». Él, sin embargo, se desvió «por un camino rural» y la violó mientras le gritaba «guarra», «puta».

Ella consiguió zafarse en plena agresión y huyó corriendo. Él la siguió hasta que la alcanzó. Según consta en la sentencia, «la empujó, cayó al suelo, y una vez tumbada le dio multitud de patadas y puñetazos por todo el cuerpo, incluida la cabeza y la cara«. Ella quedó semi-inconsciente. El acusado »tras ver la violencia con la que había agredido« a su pareja le dijo: »Nena, cómo te he puesto«. Y la llevó a Urgencias. Eso sí, la avisó de que tenía que decir a los sanitarios que »se había caído«.

La Audiencia Provincial de Alicante le condenó a 9 años de prisión por un delito de agresión sexual y a 3 años por un delito de lesiones; además, le impuso orden de alejamiento y de comunicación por 11 años.

En enero de este año, a raíz de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, se le rebajó la pena de prisión relativa al delito de agresión sexual a 7 años al resultarle más beneficiosa. La mujer, disconforme con la rebaja, presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La víctima alegó que se había vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva y criticó que no se hubiese aplicado la disposición transitoria quinta del Código Penal que, a su juicio, «neutraliza toda posibilidad de rebaja de la pena fijada en la sentencia firme». La Fiscalía se adhirió a su recurso.

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Javier Hernández García, el Supremo explica que, en este caso, «no ha habido infracción de ley por la no aplicación, en el juicio de revisión de la pena, de los distintos regímenes transitorios invocados«.

Dicho esto, los magistrados analizan si la decisión de la Audiencia Provincial de revisar la pena se ajusta a la regla de retroactividad del Código Penal, «a la luz de la jurisprudencia plenaria» del propio Tribunal Supremo. «La respuesta, que ya adelantamos, debe ser negativa«, apuntan. Así, el tribunal declara ha lugar al recurso de casación presentado por la mujer, anula la revisión de la condena e impone la pena de instancia —de 9 años de prisión– por el delito de agresión sexual.