Sumar exige por ley una ruptura comercial con Israel y Marruecos por «ocupar» Gaza y el Sahara

La norma entró en el registro del Congreso el martes, pero no ha sido hasta este miércoles, cuando se cumple exactamente un año de ese reconocimiento, cuando la han explicado en detalle, en el escritorio de la Cámara Baja, la portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Verónica Martínez Barbero, y la diputada saharaui de Más Madrid, Tesh Sidi. El paso se ha dado sin hablar previamente con el PSOE, sin cuya participación el recorrido parlamentario de la propuesta está condenado al fracaso, pero presenta aristas que pueden complicar que los socialistas le den el visto bueno a la iniciativa.

Y es que aunque el PSOE aceptó la semana pasada la toma en consideración de una ley para aplicar un embargo total de armas a Israel, impulsada por Sumar, ERC, Podemos y el BNG, en este caso hay un matiz muy importante: la registrada ahora por la coalición de la vicepresidenta Yolanda Díaz persigue terminar con las relaciones comerciales con los Estados que ocupen ilegalmente un territorio. Y eso, desde el prisma de Sumar, no solo pone en el punto de mira a Israel por su intención de anexionarse la franja de Gaza, sino también a Marruecos por su influencia en el Sahara Occidental, la antigua colonia española.

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Cabe recordar que en marzo del 2022, cuando el PSOE aún gobernaba en coalición con Unidas Podemos, el presidente Pedro Sánchez protagonizó un giro unilateral respecto a la posición histórica de España en el Sahara y pasó de reivindicar el derecho de autodeterminación saharaui a defender el plan de autonomía bajo la soberanía marroquí. Una posición que le ha afeado formalmente el Congreso, instándole en varias ocasiones, sin que el Ejecutivo rectifique, a regresar a la defensa del referéndum.

Esto hace que la ley anunciada este miércoles por Sumar tenga más simbolismo que posibilidades reales de salir adelante. Sidi ha explicado que el objetivo de la norma es que las autoridades públicas españolas no puedan llevar a cabo ningún tipo de acuerdo bilateral o multilateral de carácter público, comercial, militar, económico, cultural, deportivo, tecnológico, académico, científico o institucional. «En la ley se detalla que ningún ente del sector público pueda reconocer de forma expresa ni tácita como legítima la soberanía de una potencia ocupante sobre un territorio ocupado ilegalmente. Lo que significa que quedaría prohibida la apertura de representaciones diplomáticas o consulares en territorios ocupados o la firma de tratados internacionales que incluyan los territorios ocupados», ha expresado la diputada hispano-saharaui.

Tras aprobarse la toma en consideración de la ley para acometer un embargo total de armas a Israel, desde el Gobierno ya se rebajaron las expectativas al reconocer la dependencia tecnológica del país de Netanyahu. A pesar de ello, este martes la Mesa del Congreso imprimió trámite de urgencia a la norma, lo que no significa, ni mucho menos, que se vaya a aprobar en las próximas semanas. El asunto es peliagudo y ahora se le añade esta segunda iniciativa de Sumar, que pretende ir mucho más allá de la compraventa de material bélico y defensivo.

«Hemos registrado una proposición de ley para que España no colabore de ninguna manera con el mantenimiento de situaciones de ocupación ilegal y de 'apartheid' como las que Israel lleva a cabo en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén este», ha anunciado Barbero, antes de cederle la palabra a Sidi, quien ha complementado: «Netanyahu está asfixiando con hambre y bombas a la población palestina. Las imágenes de las colas del hambre nos recuerdan a la Alemania nazi; exigen sanciones económicas (...) tenemos que asfixiar económicamente a Netanyahu igual que está asfixiando a miles de niños inocentes».

Aunque Barbero y Sidi han mencionado únicamente los casos de Israel-Palestina y Marruecos-Sahara, fuentes de su grupo parlamentario consultadas por ABC afirman que la ley también afectaría, por ejemplo, a la ocupación rusa de la península de Crimea, en Ucrania. «Hablaremos con el PSOE y con todos los demás», ha avanzado Barbero, ante una negociación parlamentaria que se antoja complicadísima. «La ley de embargo llevaba un año registrada y parecía imposible. El impulso de la sociedad civil ha obligado a que salga adelante [la toma en consideración]», ha apuntado, optimista, su compañera Sidi.