Sumar advierte al PSOE que no apoyará la reforma de la Lecrim si restringe la acusación popular

A juicio de los de Yolanda Díaz en la Cámara Baja, la acusación popular es un instrumento que se ha tornado a lo largo de estos últimos años como «imprescindible» para el control de la sociedad civil sobre los «abusos del poder» económico y político. Por todo ello, esgrimen, anuncian que «no apoyarán» en el Congreso su limitación y en su lugar, «trabajarán para su fortalecimiento», dando así a entender que enmendarán la norma una vez llegue al Parlamento y en caso de no admitirse, no brindarán sus votos para que salga adelante.

«La norma adolece de desequilibrios», ha explicado en este sentido Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) y líder del Partido Comunista de España (PCE). «¿Por qué los sindicatos están expresamente excluidos, pero las organizaciones empresariales sí que pueden ejercer la acusación popular?», ha denunciado al tiempo que este instrumento como «conquista de la democracia de este país» y que ha sido de gran utilidad en casos como el de la querella a Luis Bárcenas, extesorero del PP durante la época de José María Aznar, pese a la posibilidad de abusos y fraudes de ley que conlleva y que Santiago ha reconocido.

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Sumar se queja, además, de que el Consejo de Ministros —donde la coalición que capitanea la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo cuenta con cinco asientos en esta legislatura— haya aprobado este martes una ley que carece de mecanismos de protección de los derechos fundamentales en el debido proceso judicial y que faciliten el uso de las lenguas cooficiales del Estado. «Trabajaremos para introducir más previsiones garantistas en la ley», anuncia en este sentido el Grupo Plurinacional.

En caso de aprobarse, la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que entraría en vigor en enero del año 2028, supondrá la mayor reforma del proceso penal en España hasta la fecha y su principal cambio consiste en que la instrucción judicial pasará de los jueces a manos de los fiscales. También prevé la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para ampliar a cinco años el mandato del fiscal general del Estado.