Sindicatos policiales denuncian «los graves incidentes» en la etapa final de La Vuelta y que se «alienten» desde instituciones del Estado y partidos

«Estamos abandonados a nuestra suerte por el Ministerio del Interior», ha lamentado el SUP, que ha insistido en que lo ocurrido «ha demostrado que se ha buscado cortar La Vuelta (...) todo por conveniencia política».

En esa línea se ha expresado precisamente JUPOL, que ha querido aclarar que «el problema» de lo ocurrido este domingo procede «del clima de blanqueamiento y aliento desde las Instituciones del Estado y los partidos políticos se ha dado a las movilizaciones en La Vuelta».

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Joan Guirado

Precisamente, en la protesta, a la altura del Paseo del Prado con la calle de Atocha, se encontraban las dirigentes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero, que habían acudido igualmente este sábado. También, esta misma mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había mostrado su «admiración» por estas acciones que se llevan sucediendo días atrás.

Esa actuación por parte de Sánchez ha sido condenada por el Sindicato Unificado de Policía, que ha denunciado que el presidente del Gobierno haya optado por «alimentar la protesta, debilitar la autoridad del Estado y dejar en evidencia a los compañeros», en lugar de «garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los ciclistas y de ofrecer la imagen de un cuerpo policial fuerte».

También han denunciado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska «siga mirando hacia otro lado» ante las reivindicaciones del SUP. «Hoy se ha demostrado de manera incontestable que el dispositivo ha sido claramente insuficiente, poniendo en riesgo la seguridad de todos». Así, han lamentado que «los políticos» han comprometido la seguridad.

«No se puede obviar que parte de estos altercados son consecuencia directa de la irresponsabilidad de quienes, desde sus posiciones de representación pública, han alentado el boicot a un evento deportivo internacional, generando un caldo de cultivo que ha derivado en incidentes gravísimos», ha añadido por su parte JUPOL.

El SUP ha indicado que aunque las manifestaciones «están amparadas en el artículo 21 de la Constitución», éstas deben «ser limitadas por la autoridad gubernativa cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes». Asimismo, han hecho hincapié en el carácter «estrictamente pacífico» que deben tener, al igual que hay que tomar «las medidas necesarias» para que «no se traspasen límites»: «Es responsabilidad de los gobernantes».

En ese punto, han mencionado el Código Penal, en concreto su artículo 558, «que castiga con penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses a quienes perturben gravemente la celebración de espectáculos deportivos o culturales».

Por su parte, desde JUPOL han querido insistir que estas acciones «ponen en riesgo a deportistas, aficionados y trabajadores». «Instar al boicot de un evento de esta envergadura es un ataque a la convivencia democrática y, potencialmente, un hecho constitutivo de delito», han reiterado.

El citado sindicato ha exigido que «se depuren responsabilidades políticas», al tiempo que han insistido en la necesidad de que los policías nacionales «cuenten con los medios y efectivos necesarios» para poder afrontar situaciones como la vivida este domingo «sin que ello suponga dejar desprotegido al resto del país». «La seguridad no puede ser rehén de intereses políticos ni de irresponsabilidades institucionales», han zanjado.