Un senador más en Formentera, el derecho civil valenciano o eliminar el 155: las enmiendas a la reforma de la Constitución

Sumar, después de anunciar una primera enmienda para incluir el derecho civil valenciano en la Carta Magna, va a presentar una segunda enmienda para que la Constitución asigne un senador a la isla de Formentera. Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el portavoz adjunto tercero de Sumar, y diputado por Més por Mallorca, Vicenç Vidal.

Vidal, por un lado dijo que, como persona con discapacidad, para él «es un día alegre» por el hecho de que la Constitución «deje de insultarme y ofenderme», al retirar el término «disminuidos» y reemplazarlo por el de «personas con discapacidad». Sin embargo, lamentó que la reforma constitucional sea «sólo de una parte» y no blinde los derechos sociales ni aborde los temas territoriales. Así, justificó su enmienda sobre un tema que, dijo, ha «generado consenso en todas las fuerzas políticas» baleares, incluidos el PP y el PSOE.

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Según relató, la Constitución reserva un senador para cada isla con consejo insular, pero agrupó a Ibiza y Formentera, que en 1978 compartían uno. Y en 2007 Formentera estrenó su propio consejo insular, por lo que habría que reformar el artículo 79.3 de la Constitución para mencionar expresamente a esta isla y su derecho a tener un senador, una adición que el Parlamento balear aprobó solicitar en 2017 y no llegó a tramitarse por el final de la legislatura.

Antes que este diputado, dio otra rueda de prensa la de Compromís Águeda Micó, quien reiteró su crítica a PP y PSOE porque «se pelean por salir en la foto» en defensa del derecho civil valenciano en esa comunidad pero, «a la hora de la verdad, cuando tienen que dar apoyo» a la enmienda de Sumar para incluirlo en la Constitución aprovechando la reforma del artículo 49. Micó reiteró que presentará esta enmienda para el debate del jueves «a ver si son capaces de traicionar a quienes les han votado».

La diputada de Compromís se quejó de que socialistas y populares «dicen que no es el momento de abrir el melón» para introducir temas distintos al artículo 49 de la Constitución. «Si no es ahora, ¿cuándo se va a poder abrir el melón?», preguntó, corrigiendo que «éste es el momento» porque, si no, cuando en el futuro su partido vuelva a postular la introducción del derecho civil valenciano, el argumento de PP y PSOE será que para qué abrir de nuevo el melón constitucional sólo para este asunto menor.

Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) votará esta semana a favor de modificar el artículo 49 de la Constitución para reemplazar el término 'disminuidos' por el de 'personas con discapacidad', pero aprovechará el trámite para presentar las mismas 11 enmiendas que registró hace un año para intentar modificar así otros aspectos de la Carta Magna.

«Votaremos a favor en cualquier caso», indicaron a Servimedia fuentes del PNV ante el debate que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados este martes 16 y jueves 18, en el que se abordará la proposición de reforma de la Constitución que presentaron al alimón el Partido Popular y el PSOE. Sin embargo, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, explicó ayer en una entrevista que volverá a registrar las mismas enmiendas que presentó en enero de 2023, en el último intento consensuado por los dos grandes partidos para reformar el artículo 49, en enero de 2023.

Entonces, el Grupo Vasco registró un total de 11 enmiendas. Una al artículo 2 de la Carta Magna, que, según la propuesta 'jeltzale', habría pasado a «reconocer y garantizar el derecho a la autonomía de las naciones y regiones que integran el Estado y la solidaridad entre todas ellas».

En otra de sus enmiendas, el PNV proponía eliminar el artículo 155 por considerar que «para los fines pretendidos en este artículo son suficientes los mecanismos ordinarios de respuesta contemplados en la Constitución» y modificar el 8, referido a las funciones de las Fuerzas Armadas, argumentando que «no corresponde a las Fuerzas Armadas garantizar el ordenamiento constitucional ni la integridad territorial en una democracia donde ambas cosas se tutelan por los tribunales de justicia».

El Grupo Vasco también planteó la modificación del artículo 56 para limitar la inviolabilidad del Rey a sus funciones constitucionales e incluir dos disposiciones adicionales nuevas que contemplaban, por un lado, una «cláusula de salvaguarda de las materias propias forales» y, por otro, la creación de una «Sala Foral del Tribunal Constitucional» para dirimir los conflictos que emanen de las leyes del Parlamento Vasco y de las Normas Forales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos dictadas en el ejercicio de sus competencias. Asimismo, se proponía la constitución de una Junta Arbitral entre el País Vasco y el Estado para los conflictos de competencia existentes.

Además, y para «mejorar el reparto competencial» vigente, el PNV registró otra enmienda que modificaba el artículo 149, referido a la organización territorial del Estado, y otra al 117 para «adecuar el poder judicial a la estructura descentralizada que postula la Constitución y en la que ya se han subsumido tanto el poder ejecutivo como el legislativo«.

Finalmente, reclamaba suprimir la suspensión automática de las leyes autonómicas cuando éstas sean impugnadas por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, recogida en el artículo 161, e introducir una nueva disposición adicional que rezaría: «La plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado».