El Senado se revuelve ante la prisa del Gobierno con la 'ley Bolaños'

Sin embargo, el Senado se revuelve ante las prisas e insiste en conocer «los antecedentes necesarios» que justifiquen la urgencia. El Congreso, encabezado por la socialista Francina Armengol, ya respondió al Senado hace semanas que cuando el proyecto de ley quedara aprobado en la Cámara Baja –está por ver cuándo será– se remitiría con esos antecedentes solicitados y el resto de documentos que han formado parte de la tramitación. La cuestión es que la Mesa del Senado, que vuelve a poner en duda «el principio de lealtad institucional» del Congreso con esa respuesta, asegura que tiene «pleno derecho» para acceder al expediente de la norma teniendo en cuenta que el carácter bicameral de la tramitación legislativa le permite acceder en cualquier momento a su contenido.

«El Senado ya puede conocer esta documentación sin tener que esperar a que el Congreso apruebe el proyecto de ley. Pero en la documentación publicada está la declaración de la urgencia por parte del Gobierno en la fase gubernamental, pero no aparece el texto íntegro del acuerdo del Consejo de Ministros en el que se adopta», advierte Rollán en la misiva enviada este 29 de agosto.

Y continúa: «Esta trascendental omisión en la documentación publicada es la que justifica la petición del Senado, pues es esencial para valorar si la urgencia está justificada». De hecho, el presidente de la Cámara Alta afirma que su petición no solo se ampara en el Reglamento, sino que está justificado por el límite temporal al que está sometida su actividad: 20 días en caso de urgencia. «Necesitamos disponer de la documentación con suficiente antelación», remata.

El movimiento del PP busca frenar al Gobierno y poner palos en las ruedas a la reforma que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y que ha cosechado el rechazo de la inmensa mayoría de asociaciones de jueces y fiscales. Las normas del ministro Félix Bolaños llevaron a la huelgael pasado junio a ambas carreras en señal de protesta porque, según llevan denunciando meses, estas reformas comprometen la independencia judicial y aumentarán la politización. Unas críticas «infundadas» a ojos del ministro Bolaños, que niega tajantemente que las normas vayan contra la independencia de los magistrados.

El Gobierno quiere retomar este proyecto de ley, absolutamente clave para el ministro de Justicia, lo antes posible. Que Junts dé luz verde es esencial porque faltan esos votos. El partido de Carles Puigdemont tiene sus propias exigencias. Como publicó ABC, una de ellas mira a la creación de un poder judicial catalán, cuestión en la que siguen insistiendo en su particular batalla contra la Justicia y a la que hasta ahora Bolaños se ha negado.