La Sectorial de Infancia se convierte en un diálogo de sordos sin cifras oficiales de reparto de menores y con la oposición frontal del PP

Un encuentro muy criticado por las comunidades autónomas del Partido Popular (PP), las cuales llegan a tacharlo de «ilegal» como ha hecho la Consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, a la entrada del mismo. Pese a las continuas denuncias por falta de información por parte del Ministerio de Juventud e Infancia y a haber dejado clara su intención de dar plantón a su responsable, Sira Rego (que es la cuota de Izquierda Unida/Sumar dentro del Ejecutivo de coalición) en esta primera cumbre estatal —entre ellas, la popular Dávila, quien ha llegado a afirmar que la convocatoria era «ilegal» y el reparto de menores, «arbitrario y forzoso»—, finalmente han estado presentes todos los consejeros autonómicos del ramo. «Es una Conferencia Sectorial en la que debemos dar traslado del acuerdo que supone la reforma del artículo 35 para esta acogida vinculante y solidaria entre todos los territorios», ha respondido la propia Rego antes de comenzar la reunión, además de denunciar que lo que falta no es información como denuncia el PP, sino «más voluntad política».

La ministra de Juventud e Infancia aseguraba que acudía a la misma con la «mano tendida» para escuchar las propuestas de todas las autonomías, invitándolas a aportar los cambios en los criterios que considerasen oportunos y que, en cualquier caso, debían ser aprobados únicamente por unanimidad. «Tenemos la oportunidad de plantear cualquier modificación que quieran las Comunidades Autónomas. Es un espacio de colaboración y de diálogo», ha dicho la ministra de Juventud e Infancia. Unas propuestas de las que en el PP, sin embargo, no había oído hablar ni se le había pedido que llevaran a la mesa de negociación, tal y como han denunciado fuentes populares presentes en la reunión a la salida de la misma. «La ministra se ha sacado de la manga que se podían hacer propuestas», se han quejado, llegando incluso a denunciar la «falsedad» del Gobierno respecto a este asunto.

Los consejeros autonómicos del PP, de nuevo representados en la figura de la madrileña Dávila, se han querellado al término de la reunión ante los medios de comunicación de no haber podido debatir ni votar los criterios de reparto establecidos en el real decreto aprobado en la Cámara Baja. Algo, ha dicho la popular, que «podría incurrir en la nulidad de pleno derecho [de la Conferencia Sectorial]» al ser una «vulneración clara» de la postura que venían a defender a la reunión, es decir, su oposición frontal a los mismos. «No se puede adoptar un acuerdo si previamente no se ha votado», afean las comunidades del PP a Sira Rego. El Ejecutivo, por su parte, alega que «no era procedente ratificar un real decreto en una Conferencia Sectorial» y que, en todo caso, sí lo era la modificación de los criterios por unanimidad.

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«En ausencia de alternativa, se aplica el real decreto», ha querido dejar claro la ministra Rego durante esta misma comparecencia. Por este mismo motivo, la responsable de Juventud e Infancia da a la Comunidad de Madrid, Extremadura, Valencia y Aragón un plazo de diez días, a contar a partir de mañana, para «requerirles formalmente» el número de plazas ocupadas por menores inmigrantes no acompañados en este momento y no, como dice que ha hecho la administración de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, el número total de infancia asistida en 2024 u otros como el Ejecutivo aragonés de Jorge Azcón, que directamente no ha facilitado dato alguno al Ministerio. En caso contrario, el Gobierno central cogerá los últimos datos oficiales de los que se disponen y que datan de diciembre del año 2023.

Con todo, el PP califica el reparto de menores de «forzoso», «arbitrario» y «cocinado para contentar a un prófugo de la Justicia» en referencia al 'expresident' Carles Puigdemont. Por estos mismos motivos, amenazan con no cumplir con la ley, ya que los populares dicen que esperarán, como mínimo, a que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos de inconstitucionalidad presentados por la práctica totalidad de sus territorios a la norma.

«Nos hemos encontrado con el rechazo de una parte de las comunidades del PP a un plan que ha sido muy complejo de elaborar, hemos intentado todas las vías habidas y por haber. Tenemos la mejor de las voluntades. Estamos hablando de derechos humanos, de niños y niñas que están solas», ha denunciado Rego, visiblemente molesta al término del encuentro. Es más, «da la sensación de que el vínculo del PP con la extrema derecha condiciona profundamente la posibilidad de desatascar el trabajo y encontrar una solución», ha lamentado al tiempo que ha dejado la puerta abierta a la celebración de otra Conferencia Sectorial donde, de nuevo, ha explicado, podrán debatirse y votarse cambios en los criterios de reparto si las comunidades autónomas así lo desean, aunque esto no sea «incompatible» con que el real decreto vaya a aplicarse. «Esto no se para», sentencia.

En Canarias, uno de los dos territorios más afectados por la crisis migratoria junto a Ceuta, llegan incluso a calificar el encuentro de este lunes en el Ministerio de «paso atrás» como ha afirmado su consejera, Candelaria Delgado este lunes. La ministra Rego responde y asegura que la falta de entendimiento con las comunidades del PP, así como el diálogo de sordos mantenido este lunes en el Ministerio de Política Territorial, «no altera los plazos en absoluto». «La posibilidad que contemplamos es que se den las condiciones para empezar la acogida solidaria en verano», ha añadido Rego.