El juez Peinado levanta la imputación a la secretaria general de Presidencia por el 'caso Begoña Gómez'

El instructor de la causa contra la mujer de Pedro Sánchez y la trabajadora de Presidencia quería interrogar a Judith González por las labores que Álvarez llevó a cabo en Moncloa cuando, según se aborda en la causa, ayudó a Gómez con sus asuntos profesionales o privados en la Universidad Complutense de Madrid, una labor distinta a la prevista en su nombramiento.

Durante media hora, González contestó a las preguntas del juez y de su abogado, Daniel Campos. Afirmó que Cristina Álvarez no estaba bajo su responsabilidad y no tenía por qué vigilar sus funciones. Sobre la marcha, el magistrado decidió el sobreseimiento libre de la causa contra ella.

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El juez Peinado citó a Álvarez como investigada, no como testigo, para escucharla asistida de defensa porque consideró que pudo «cometer el delito de malversación, en la modalidad de comisión por omisión, por su posición de garante, impartiendo las correspondientes órdenes o instrucciones para que dicha persona», en referencia a Cristina Álvarez, desarrollase tareas de asistencia a Begoña Gómez distintas a las funciones que estaban previstas en su nombramiento como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia.

Después de levantarle la imputación, en este momento continúan investigados en la causa, además de la propia Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez; el secretario general de Presidencia entre 2021 y 2023, Francisco Martín Aguirre, a quien sustituyó Judith González; y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Además de Judith González, ayer también estaban citados ante el juez Peinado tres testigos: el ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid con quien la asesora de Begoña Gómez compartió más de 200 correos electrónicos; Diego de Alcázar, presidente de la universidad privada Instituto de Empresa (IE) donde Begoña Gómez dirigió su departamento Africa Center y Miguel Escassi, responsable de Institucional y Políticas Públicas de Google. Alcázar afirmó, a preguntas de la acusación popular Hazte Oír y en la línea de la anterior vez que compareció ante el juez Peinado, que no intercambió ni un solo mail con Cristina Álvarez.

El magistrado decidió citar como investigada a Judith González el pasado 5 de noviembre. En un primer momento, la citó el 12 de noviembre, pero por motivos de agenda de su abogado defensor, modificó la fecha y la llamó a declarar ayer. No es la primera vez que el juez acuerda declaraciones de investigados o testigos en fin de semana. Ya agendó otras declaraciones en sábado por la tarde.

La imputación de la secretaria general de Presidencia se reflejó en un extenso auto que el juez dictó después de que la Audiencia Provincial le obligase a unir la investigación por malversación de caudales públicos contra Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez a la pieza principal de la causa, en la que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional por, presuntamente, aprovecharse de la condición de esposa del jefe del Ejecutivo para lanzar su carrera en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y valerse del empresario Barrabés –quien recibió contratos públicos a través de Red.es– para sus fines privados.

Sobre la imputación de Judith Álvarez, en el auto con el que la acordó, el magistrado justificó que tanto la decisión de citarla a ella como investigada como la de mantener dicha condición a Francisco Martín Aguirre era porque, como responsables de Cristina Álvarez, debían conocer sus labores, vigilar que estaba cumpliendo con las funciones descritas en su contrato, e instarle a que «se abstenga de continuar con esas labores de carácter privado» con las que habría ayudado a la mujer del presidente.