Sánchez traspasa la línea roja con Parot

Un traslado de largo recorrido en poco tiempo para dejar a Parot y otros criminales de ETA, como Txapote (14 asesinatos), en cárceles gestionadas por el PNV, después de que el propio Gobierno central cediera al País Vasco esa competencia hace menos de un año y, con ella, la decisión sobre los beneficios penitenciarios que permiten a los etarras salir en semilibertad antes de cumplir sus penas íntegras.

Pero Parot no es un preso cualquiera. Son muchas las circunstancias que le convierten en un símbolo de la infamia terrorista y en una línea roja para las víctimas. Esa que no ha dudado en traspasar este Gobierno, demostrando así que, si hasta el peor asesino etarra se ha beneficiado ya de esa estrategia pactada con Bildu, es cuestión de tiempo que lo hagan todos y cada uno de los demás. Y con ello, muy pronto no habrá ni un sólo etarra en cárceles gestionadas por el Gobierno central, mientras los 179 que siguen con condenas pendientes en España quedarán bajo la única tutela de una administración autonómica que en los próximos años seguirá en manos de los nacionalistas del PNV y/o los proetarras de Bildu.

Parot no es un etarra más porque ninguno arrastra tantas víctimas, a las que asesinó en una veintena de atentados. El más sanguinario fue el que cometió a finales de 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza, en el que mató a once personas, incluidas cinco niñas de entre 3 y 12 años. Dos de ellas, las más pequeñas, eran gemelas. Al año siguiente asesinó a un niño de 2 años en otro atentado en el barrio madrileño de Argüelles.

El historial criminal de Parot también incluye dos amas de casa, una de ellas madre de un funcionario de prisiones al que envió un paquete bomba en Granada. También dos empresarios, uno de ellos vasco y al que asesinó en Irún (Guipúzcoa) por negarse a pagar el 'impuesto revolucionario' a ETA.

La Justicia tampoco se ha librado de este criminal, que asesinó a una fiscal de la Audiencia Nacional y a un magistrado del Tribunal Supremo. Pero con quien más se cebó Henri Parot es con los militares, desde generales hasta simples soldados, además de civiles que trabajaban con ellos como conductores. La nómina siniestra se completa con dos agentes. De hecho, fue detenido en Sevilla en 1990 cuando conducía un vehículo cargado de explosivos para volar una Jefatura de la Policía.

Ni siquiera el paso por la cárcel ni la dispersión penitenciaria con la que está a punto de acabar el Gobierno de Sánchez sirvieron para que Parot atemperara sus ansias de matar. Prueba de ello es que la condena que le mantiene ahora en prisión no es por sus 39 asesinatos –por cada uno de los cuales ha cumplido menos de un año de cárcel–, sino por apología del terrorismo. Y es que ya llevaba más de una década entre rejas cuando en 2001 escribió una carta a la dirección de ETA desde la prisión de Córdoba, en la que se encontraba entonces, instando a cometer más crímenes para obligar al Estado a sentarse y pactar con la banda terrorista.

Parot se jactaba en esa misiva de que su peor atentado, el citado del cuartel de Zaragoza en 1987, provocó que el Gobierno español accediera poco después a negociar e incluso especulaba con la posibilidad de la fugarse utilizando un helicóptero. Cumplirá esta condena a mediados de 2029, pero ahora que ya está bajo la tutela del Gobierno vasco podría ahorrarse entre dos y tres años si éste le concede el tercer grado y la libertad condicional, como el Ejecutivo de Urkullu ha hecho ya con otros 24 etarras en menos de un año desde que asumió esta competencia.

Además, el apellido Parot es uno de los que han quedado grabados en la memoria de los españoles porque dio nombre a la famosa doctrina del Tribunal Supremo que durante unos años impidió que condenados por graves delitos se ahorran hasta un tercio del tiempo real que debían pasar en prisión a cambio de hacer manualidades o estudiar.

El Supremo rechazó en 2006 un recurso de este preso de ETA, dando así pie a la famosa doctrina Parot para que el descuento de las penas se calculara sobre cada una de las condenas, que en casos como el suyo sumaban miles de años, por lo que a efectos prácticos no le suponía ninguna rebaja para el plazo máximo de 30 años que podía pasar entre rejas. Hasta entonces, la rebaja se aplicaba sobre ese tiempo efectivo y no sobre la suma de todas las penas, algo que beneficiaba a los condenados.

Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tumbó esa doctrina siete años más tarde y en 2013 España tuvo que dejar inmediatamente en la calle a decenas de criminales que ya habían cumplido ese plazo máximo de 30 años, que era el que estaba vigente cuando fueron condenados antes de la entrada en vigor de la doctrina Parot en 2006, ya que el TEDH falló que no se les podía aplicar con carácter retroactivo. Así, hace menos de una década quedaron en libertad más de 60 presos de ETA y otro criminales. Entre ellos, autores de secuestros, violaciones y asesinatos que conmocionaron a la sociedad española, como los de las niñas de Alcácer (Valencia) o el de la joven madrileña Anabel Segura.

Entre los etarras que se aprovecharon de la derogación de esa doctrina figuran el propio Parot y José Antonio López Ruiz, alias 'Kubati', que se ha convertido en una especie de enlace entre las organizaciones de presos de ETA, Bildu y los Gobiernos vasco y central, como reveló a principios de este año un informe encargado por la Audiencia Nacional a la Guardia Civil sobre los homenajes públicos u 'ongi etorri' a los condenados de la banda terrorista. El mismo Henri Parot ha sido protagonista de varios actos proetarras durante los últimos meses reclamando su traslado al País Vasco. Justo lo que acaba de conseguir ahora.

«No podían trasladar a nadie más sanguinario», explica a ABC la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, que recuerda que este Gobierno les prometió que no llevaría a ningún etarra con delitos de sangre no ya al País Vasco, ni siquiera cerca. Cuatro años después, ya hay en esta comunidad hasta 123 y otros 11 en Navarra. Teniendo en cuenta que sólo en este mes de agosto Sánchez y Marlaska han trasladado a 25, los otros 45 que quedan en el resto de España, todos en la mitad norte, seguirán el mismo camino en los próximos meses. «Con cuatro tandas, lo tienen resuelto antes de que acabe el año», da por seguro Araluce, que enmarca todo ello en la «hoja de ruta» que guía los acuerdos de Sánchez con Bildu.