Sánchez salta al vacío y se prepara para un infierno legislativo
Sus socios independentistas y nacionalistas anticipan que le pasarán la factura en cada iniciativa: ley a ley
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El socialista, reelegido como presidente de una nueva 'mayoría Frankenstein' que suma a Puigdemont
Juan Casillas Bayo y Mariano Alonso
Madrid
Pedro Sánchez compareció ante los españoles el 3 de octubre, solemne, después de haber recibido el encargo de Felipe VI de intentar formar Gobierno. Tras el fracaso en septiembre de Alberto Núñez Feijóo, el socialista necesitaba un muy buen pretexto ... para justificar la losa que se iba a echar sobre los hombros. La condición 'sine qua non' para su investidura, esta vez, era una ley de amnistía a los encausados por el 'procés' que él se había comprometido en la campaña electoral a no promover, pero no solo eso: la había tachado de «inconstitucional», de «ilegal». Ante ese sapo, necesitaba un balón de oxígeno y se lanzó a conseguir un pacto de legislatura. Ese acuerdo no existe.
Este jueves, un mes y medio después de aquella comparecencia, fue por fin investido presidente del Gobierno con 179 votos a favor; una 'mayoría Frankenstein' que ahora incorpora a Junts per Catalunya, el partido del prófugo Carles Puigdemont. La euforia vivida tras la votación, donde no hubo sorpresas, era casi un grito de desahogo. Los trabajadores del PSOE esperaban a cada diputado en el patio del Congreso para recibirlo con vítores. A la salida de su portavoz, Patxi López, ovación. Su discurso, en el que justificó la legitimidad de la amnistía retrotrayéndose a la dictadura franquista, sirvió para cerrar filas en la bancada socialista, que hizo también piña en apoyo a cuatro diputados suyos a los que lanzaron huevos antes de llegar a las Cortes.
Cuando asomó Sánchez al patio del Congreso, fervor. «Presidente, presidente», cantaban los socialistas, mientras el jefe del Ejecutivo, que este viernes pierde la coletilla 'en funciones', se dirigía a su coche oficial. Fue un suspiro de alivio en diferido, conscientes todos de que el 23J no se las prometían tan felices, cuando España se preparaba para un cambio de rumbo con una victoria de la derecha que finalmente no se produjo, pese a los pronósticos.
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Pero ahora viene lo duro. El baño de realidad. La primera tarea es sacar adelante la ley de amnistía, entre dudas sobre su constitucionalidad, sembradas principalmente por el PSOE, por la parte socialista del Gobierno y por el propio presidente, a quien la hemeroteca acorrala cada vez más, aunque de momento continúa zafándose de ella y dándole la vuelta a cada situación adversa. En 2016 lo expulsaron de los mandos de su partido, volvió y consiguió llegar a La Moncloa. Este fin de semana nombrará a su nuevo Consejo de Ministros, aunque para lograrlo, con la amnistía, haya franqueado su penúltima línea roja.
Un infierno legislativo
Sus socios anticipan ya un infierno legislativo. Bildu, coalición que integra a Sortu, partido heredero de la ilegalizada Batasuna, antiguo brazo político de la disuelta banda terrorista ETA, es ahora casi su socio más fiable. Los 'abertzales' regalaron sus votos –a cambio solo de una foto habilitadora con Sánchez en su ronda de contactos hacia la investidura–, pero le avisan ya de que lo de este jueves no significa que se deban a su Gobierno. «Hoy no le concedemos un cheque en blanco», avisó.
Las advertencias le llegaban de todos los frentes. Quizá el más claro fue Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso, al reconocer que si Sánchez hoy es presidente, lo es únicamente por la oposición a la alternativa: una coalición de PP y Vox que frene las aspiraciones de los nacionalistas. Pero la relación que más inquieta al Ejecutivo es con Junts, según admiten fuentes del mismo: «Hasta ahora no ha estado en negociaciones con el Gobierno… Y no es fácil». No tanto por sus discrepancias ideológicas, sino por cómo incorporar a la ecuación de la legislatura pasada a un nuevo actor cuya hoja de servicios, hasta ahora, consistía en decir «no a todo».
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En plenos equilibrios internos, en un contexto en el que Junts también debe justificar de cara a su público su apoyo a un presidente del Gobierno nacional, los independentistas catalanes exhibieron malestar este miércoles cuando Sánchez, en su discurso de investidura, habló de la necesidad de «perdonar» a los cabecillas del 'procés'. En el imaginario secesionista no hay nada que perdonar porque, insisten, aprobar leyes inconstitucionales, asediar la Consejería de Economía catalana para impedir un registro judicial, celebrar un referéndum ilegal y declarar unilateralmente la independencia –todo pagado con dinero público– «no es ilegal».
Junts forzó el miércoles por la tarde una reunión de urgencia en el Congreso entre su portavoz en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, y el número tres del PSOE, Santos Cerdán, que ya tenía sobrada experiencia como correveidile por sus citas con el prófugo en Bruselas. La sangre no llegó al río –y la investidura no peligró realmente en ningún momento–, pero fue el primer toque de corneta de lo que se viene esta legislatura. Tras la votación, Cerdán era significativamente de los más abrazados por sus compañeros.
Cumplir las 1.486 palabras
Nogueras exigió al PSOE el cumplimiento de las 1.486 palabras del acuerdo que suscribió con Junts, que incluye referencias al 'lawfare' –supuesta guerra judicial contra el independentismo que ahora asumen los socialistas– y a la «desjudicialización» de la política. Sin esto, amenaza la derecha separatista, no habrá legislatura. Ni presupuestos, ni leyes, nada. Rufián, menos duro, vino a decir lo mismo. Igual que Bildu y el PNV. ¿Qué hay de lo mío?, pregunta el nacionalismo, mientras Sánchez gana tiempo, una vez más.
Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu, reivindicó este jueves un referéndum a la escocesa para declarar la «República vasca», mientras Aitor Esteban, su homólogo del PNV, recordó a Sánchez que, por mucho que matice el Gobierno, en su pacto está firmado el traspaso de todas las competencias pendientes que recoge el Estatuto de Guernica, incluida la Seguridad Social. También, apuntó Esteban, negociar «el reconocimiento nacional» del País Vasco.
Con dos partidos independentistas catalanes, uno de izquierdas y otro de derechas, y dos formaciones soberanistas vascas, una de izquierdas y otra de derechas, Sánchez deberá arar. Y a ello debe unir las sensibilidades de Sumar, el BNG y Coalición Canaria. Enfrente tendrá una minoría no tan menor con los 171 escaños de PP, Vox y UPN. Sánchez prometerá este viernes el cargo ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela. A partir de ahí, su estancia en La Moncloa será una batalla diaria.
A la izquierda del PSOE
Belarra reprocha que Díaz no la llame desde julio y los haya vetado
Con todo contra Yolanda Díaz. La ministra de Derechos Sociales en funciones y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, exprimió este jueves su pulso con la líder de Sumar. Belarra acusó a Díaz de no llamarla desde julio, a pesar de ser la líder de uno de los partidos mayoritarios de Sumar, y de «vetar» a Podemos en el próximo Gobierno de coalición. La líder de Podemos reprochó que el PSOE busca sustituir a su partido por la «izquierda dócil» que será Sumar en el Consejo de Ministros, donde, opina, Díaz no tendrá poder.
«Si el PSOE persiste en lo que yo considero un error de enorme calado, que es en conformar un Gobierno en el que solo mande Pedro Sánchez y el PSOE, las posibilidades reales de transformación social, feminista y económica que hemos visto en la pasada legislatura van a estar seriamente comprometidas», advirtió Belarra. Es una advertencia. Belarra agita así la idea de que Podemos tiene autonomía política y estratégica dentro y fuera del Congreso y no responde a órdenes de Sumar. Así que los cinco diputados de Podemos, a pesar de estar integrados en el grupo parlamentario de Díaz, encarecerán mucho su voto positivo a las iniciativas y agenda de PSOE y Sumar. Informa Gregoria Caro.
Cataluña
Puigdemont y Aragonès exigen avanzar ya hacia el referéndum
Los dos socios catalanes de Sánchez no esperaron, este jueves, ni una hora a la reelección del líder del PSOE para recordarle que su acción de gobierno, la legislatura y, sobre todo, su continuidad en La Moncloa están en sus manos. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, invocó, solo 45 minutos después de la votación en el Congreso, el acuerdo firmado entre el PSOE y ERC. «Ahora, toca cumplir los acuerdos pactados, como el traspaso de Cercanías, las mejoras económicas y la amnistía». Y avanzó que los del partido que preside Oriol Junqueras serán «exigentes, desde el minuto cero», para, en la «nueva fase» en la que entra España, «avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado y el bienestar de todos los catalanes y catalanas».
Antes incluso de que el candidato socialista obtuviese los 179 «síes» en el Cámara Baja, Carles Puigdemont, por la mañana, desde el Parlamento Europeo y en declaraciones a TVE, insistió en que la posición de Junts la había expuesto Míriam Nogueras a última hora del miércoles desde la tribuna de oradores del Congreso.
«Creo que Nogueras lo ha explicado muy bien», señaló cuando le preguntaron por su posición respecto al debate de investidura de Sánchez, que, confesó, lo estaba siguiendo por televisión. La intervención de la portavoz de Junts se centró en evocar lo pactado con el PSOE, que incluye discutir la celebración de un referéndum de independencia, una vez se han ido cumpliendo las exigencias de Puigdemont para investirlo.
En esta línea, fuentes de Junts consultadas por ABC ratificaron que habían cuadrado al entonces todavía candidato cuando en su primera intervención, el miércoles, definió la ley de amnistía como un «perdón», en lugar de una herramienta para «resolver el conflicto político», como dijo en la réplica a la propia Nogueras después de que esta se reuniese con Santos Cerdán en el Congreso.
La carrera por las elecciones autonómicas de 2025 convertirá la negociación con Sánchez en una puja entre ERC y Junts con el Ejecutivo. Informa Daniel Tercero desde Barcelona.
País Vasco
Bildu y PNV, con La Moncloa de señuelo para su pulso electoral
Los votos de los partidos vascos serán fundamentales esta legislatura y no solo para la gobernabilidad de Sánchez. Con un País Vasco sumido en un ambiente preelectoral en el que la competición entre EH Bildu y PNV está más igualada que nunca, las dos formaciones han dejado claro en Madrid que tienen intención de exprimir al máximo la dependencia que de ellos tiene Pedro Sánchez. Los de Arnaldo Otegi le han advertido que su apoyo inicial no es ningún «cheque en blanco» mientras que en Sabin Etxea siguen teniendo muy presentes todas las veces que La Moncloa incumplió sus acuerdos.
Pedro Sánchez tuvo garantizados los votos de la izquierda 'abertzale' desde la misma noche electoral, pero su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, le ha dejado claro que tendrá que ganarse uno a uno sus apoyos. Ha avanzado que sus exigencias girarán en torno a dos ejes. Presionarán para avanzar en derechos sociales que presentar como victorias ante su electorado, y tienen intención de poner sobre la mesa la «plurinacionalidad». Por el momento, los independentistas vascos hablan de un debate «sin prisas», pero Aizpurua ya ha reclamado «abrir una fase histórica» y ha puesto como ejemplo los referéndums celebrados en Escocia.
En las filas del PNV pesan, y mucho, los acuerdos que se quedaron «en agua de borrajas» la pasada legislatura. Esta vez, Aitor Esteban le ha dejado claro a Sánchez que no piensan consentir ese ninguneo y que le retirarán su apoyo si no cumple lo pactado. Los peneuvistas han acordado un calendario de transferencias, que debe completarse en dos años con el traspaso de la Seguridad Social, garantizar la prevalencia de los convenios laborales autonómicos o inversiones para el euskera.
Esperan que esos logros sirvan para mostrarse de nuevo ante sus votantes como un partido útil en Madrid, después de que EH Bildu les adelantara en ese sentido al final de la legislatura pasada. Todo ello en un momento en el que el PP vasco ha lanzado una estrategia para intentar atraer al electorado nacionalista descontento con los de Andoni Ortuzar. Informa Miriam Villamediana desde Bilbao.
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