Sánchez renuncia a presentar los Presupuestos este año tras el órdago de Puigdemont

«No llegamos a enero», reconocen abiertamente las fuentes gubernamentales consultadas, que exponen que todavía queda una importante carga de trabajo por delante, que se antoja ya insalvable. En la práctica, el Ejecutivo ya ha incumplido su obligación constitucional, dado que la Carta Magna establece que el Gobierno debe presentar ante el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, es decir, un 30 de septiembre ya superado. Sin embargo, hasta ahora, en Moncloa sostenían que el proyecto se presentaría antes de cerrar 2025, aunque su aprobación se dilatara ya entrado el año y el 1 de enero se produjera, en la práctica, una nueva prórroga presupuestaria. La tercera consecutiva.

Se da la circunstancia de que Sánchez gobierna en base a unas cuentas de unas Cortes y un ejecutivo anterior. Unas Cortes en las que el PSOE era la fuerza más votada y un ejecutivo en el que Podemos era su socio de coalición. Tampoco en lo de «sudar la camiseta» cumple el presidente. El Gobierno no se ha deshecho, precisamente, en esfuerzos para conseguir atraer a sus socios de coalición a la negociación. Desde las formaciones que sostienen al Ejecutivo se quejan de que Hacienda no ha iniciado los contactos en serio para avanzar en el esqueleto presupuestario y creen que mantienen un posicionamiento táctico que en nada contribuye a que las cuentas lleguen a buen puerto.

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Esto, en vísperas de que el Gobierno avance en la aprobación de la senda de déficit. La vicepresidenta primera y ministra del ramo lleva semanas advirtiendo de que «muy pronto» se aprobará en Consejo de Ministros, pero esta circunstancia no se acaba de concretar. Previamente, además, debe convocarse al Consejo de Política Fiscal y Financiera, con las comunidades autónomas, todavía sin fecha. Las fuentes consultadas por este diario insisten en que la aprobación de la senda es inminente. «La próxima semana o la siguiente a lo sumo», señalan.

Una vez aprobada en Consejo de Ministros, la senda de déficit debe someterse a votación en el Congreso. El Gobierno tampoco se ha afanado en esta negociación. Tal como publicara este diario, Montero la someterá a votación en el Parlamento, aunque no tenga cerrados los votos suficientes y se exponga a un estruendoso fracaso. En su entorno resuelven que avanzará «con o sin apoyos» y, aunque la tumben, seguirá adelante con la senda actual. «Si los grupos no quieren más dinero para las comunidades autónomas, mejor para el Gobierno», sentencian. Ya entonces, con los números actuales, se empezaría a armar el presupuesto.

En el Ejecutivo sostienen que «esta vez va en serio» y que aunque se enfrenten a una derrota segura –tras la amenaza de Junts de no apoyar ningún proyecto del Gobierno– avanzarán hasta su votación. Esto no es baladí, pues la de las cuentas públicas es una cuestión de confianza encubierta. Si Sánchez no es capaz de sacar adelante la ley maestra, la clave de bóveda de la legislatura, su liderazgo y su legitimidad política quedarían heridos de muerte. De ahí que en Moncloa trabajen con el calendario en la mano.

La idoneidad de cuándo someter los Presupuestos a votación tiene importancia política en virtud del varapalo que supone verlos tumbados, un escenario que se anticipa ante la desarticulación de la mayoría de la investidura y que sería letal en campaña. De ahí que esté descartado cualquier avance en diciembre, además de por el escaso margen temporal, en plena contienda en Extremadura y que 2026 se perciba como un campo de minas. A la espera de que se desactive la cuenta atrás en la Comunidad Valenciana, que solo ocurrirá si hay una investidura exitosa de un candidato alternativo a Carlos Mazón, dos son ya las citas a tener en cuenta. Castilla y León, en el entorno de febrero o marzo, y Andalucía, en junio como tarde. Los comicios andaluces a los que, además, la ministra de Hacienda concurre como candidata hacen que los plazos se acorte: las cuentas deberían estar listas antes de abril. «Queremos que María Jesús se marche [a Andalucía] con los Presupuestos resueltos», aseguran las fuentes gubernamentales consultadas por ABC.

Que Montero ostente la doble condición de aspirante a la Junta y negociadora de las cuentas es un factor que pone en solfa las negociaciones. Los socios recelan de su papel, porque creen que no comprometerá nada que pueda perjudicarle en la carrera electoral, mientras que en Moncloa aseguran que «unos presupuestos tan expansivos como los que se presentarán serán una de sus bazas» en campaña. Los Presupuestos ideados como cartel electoral es lo que marca el hecho diferencial de que esta vez sí, el Gobierno esté dispuesto a llegar hasta el final con las cuentas públicas.

En el Ejecutivo prevén diseñarlos como una suerte de programa, presentado como una declaración de intenciones de lo que podrían llegar a hacer si tuvieran una mayoría suficiente para ello. Con la consabida derrota, ante la falta de apoyos, se convertirán también en un arma arrojadiza en campaña. El instrumento propicio para retratar a todos aquellos partidos que se opongan a sus bondades como responsables de su frustrada entrada en vigor.

Esta es la hoja de ruta diseñada sobre el papel, pero todas las fuentes consultadas avanzan que «cualquier escenario es posible» en la práctica. Incluido que Sánchez utilice, el rechazo a las cuentas públicas, como coartada para propiciar un adelanto electoral ante la falta de soporte parlamentario a su proyecto. No sería la primera vez. En 2019 ya utilizó esta maniobra, tras el veto de ERC a sus primeros presupuestos, para aprovechar el hermanamiento de las tres derechas en la 'foto de Colón' como elemento movilizador y aglutinador de su electorado. Para ello, eso sí, tendría que darse el contexto propicio, esa ventana de oportunidad que en Moncloa ubican en un Alberto Núñez Feijóo preso de la máxima debilidad y atado a Vox en una legislatura corta, que volviera a repartir cartas en las urnas en menos de dos años. El PSOE solo mostrará sus deficiencias, su profunda precariedad aritmética, si es estrictamente necesario y obedece a un fin superior: utilizar la derrota como activo electoral.