Sánchez insiste en su ultimátum al PP por el CGPJ y se abre ahora a la propuesta de Guilarte

Durante una rueda de prensa en los jardines de La Moncloa junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y a preguntas de la prensa española, Sánchez ha vuelto a decir que «el día de la marmota se ha acabado», como expresó gráficamente el miércoles al hacer el anuncio del ultimátum en una entrevista en Radio Televisión Española (RTVE). El jefe del Ejecutivo ha dicho que serán los de Alberto Núñez Feijóo quienes deben «decidir si son o no un partido constitucional, tienen que decidir si quieren cumplir o no con la Constitición», ha sentenciado.

Sin embargo, Sánchez ha evitado concretar en qué consistiría su reforma, que según anunció acabaría con el «incentivo perverso» que a su juicio tiene el PP para no permitir la renovación, y que no sería otro que el de los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo (TS) y de otros tribunales que hace el CGPJ.

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Sí ha citado la propuesta que hizo en su día el presidente interino de este órgano, Vicente Guilarte, que, ha querido rematar, «no es del Gobierno». Si bien éste último le ha emplazado este mismo jueves a «disipar» las dudas sobre su anuncio, ya que, según ha manifestado «no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta. Tampoco debe olvidarse cuál fue la finalidad del constituyente a la hora de residenciar en el CGPJ las competencias que cuestionamos».

El presidente del Gobierno se ha limitado a decir que la reforma que impulsará este verano junto a su socio, Sumar, como ha querido remarcar, y siempre y cuando no haya este mes un nuevo CGPJ, será «constitucional», respetará «la independencia judicial» y además será «acorde con la normativa europea». A lo que ha añadido, ante la petición de precisión por parte de la prensa, que «creo que ya estoy apuntando bastantes cosas».

Como en muchas otras ocasiones anteriores, el jefe del Ejecutivo ha descrito en términos muy dramáticos la situación que provoca en la justicia la prórroga del mandato del CGPJ desde hace seis años, o más de dos mil días, como suele enfatizar el PSOE. «Hay ciudadanos que pueden pensar que esto es una lucha de poder, pero este bloqueo cuesta a las arcas públicas, es decir, a los ciudadanos, una media de doce millones y medio de euros al año», ha puntualizado. Igualmente, ha denunciado que hay carreras profesionales de muchos jueces que quedan postergadas y por lo tanto dañadas y que hay un 30% de plazas sin cubrir en el propio TS.