Sánchez improvisó su plan de 50.000 viviendas sin que la Sareb supiera su estado

Este paso no se dio hasta cuatro días después, el 20 de abril, y se llevó a cabo recogiendo un plazo de ejecución de dos años prorrogables por otro ejercicio más, dada la complejidad de la tarea. En consecuencia, esta auditoría no estará lista como pronto hasta la mitad de la próxima legislatura y los citados inmuebles tardarán aún más en ofertarse. De hecho, buena parte de ellos ni siquiera llegarán a los ciudadanos que se encuentran en lista de espera para optar a un alquiler social porque la Sareb admite que la posesión no siempre será recuperable.

Aunque la sociedad semipública ha lanzado estimaciones de cuántas de sus viviendas se encuentran okupadas, el nivel de desconocimiento del estado de las mismas es elevado, según se deduce de los pliegos del contrato de auditoría. Así el objeto de la licitación es la «realización de visitas físicas para lograr la verificación del estado ocupacional y recuperación de la posesión de los activos».

Entre los «resultados» que se persiguen resalta el de «obtener información verídica y actualizada del estado y la situación ocupacional del activo, que permita tomar decisiones rápidas y objetivas» o el de «resolver las incidencias de identificación, acceso, ubicación de los activos que impidan la toma de posesión de los inmuebles».

El contrato deja una y otra vez patente la improvisación de Sánchez y la ausencia de datos ciertos por cuanto aspira asimismo a «identificar y tomar conocimiento sobre la situación de vulnerabilidad de los ocupantes y recoger la información necesaria para poder realizar el análisis de indicios mediante un informe ocupacional». Este documento se considera «imprescindible» y deberá incluir «la ubicación y percepción visual» del estado de cada casa okupada, así como «la estimación de los criterios de habitabilidad y seguridad de ésta y, en su caso, los habitantes detectados».

El 'modus operandi' que tendrá seguir la empresa auditora a partir de aquí es complejo ya que, en caso de existir ocupantes, el citado informe deberá «valorar si estos presentan indicios de vulnerabilidad mediante la recopilación de datos y documentación siempre que sea posible». Todo ello para «identificar y tomar conocimiento sobre la situación de vulnerabilidad» de los mismos, vuelve a insistir el pliego.

Como primera medida figura la realización de cuantas visitas sean necesarias para determinar «sin duda» la situación ocupacional del inmueble, con un mínimo de tres desplazamientos. Pero si existen «dudas sobre la ocupación de un inmueble» o si «sabiéndose ocupado» no se puede «establecer contacto con los inquilinos» las visitas mínimas a realizar ascenderán «como mínimo» a cuatro, en distintos días y horas, laborables o no, antes de poder considerarse que existe un «contacto no efectivo».

La empresa auditora también tendrá que realizar «si es posible» todas las «gestiones necesarias para obtener la documentación que acredite dicha situación». Esto incluirá recopilar «la información/documentación relativa a la situación económica y las circunstancias personales de los ocupantes del activo, con obtención de la cesión de datos prevista en la ley de Protección de Datos preceptiva». Toda esta información deberá volcarse en los sistemas internos y remitirse «al especialista» para que éste valore la vulnerabilidad de los okupas y «emita resolución». Paralelamente, se prevé instar a la recuperación por vía judicial pero siempre acompañada de una gestión amistosa hacia el okupa.

El contrato de auditoría tiene un importe de 10,9 millones sin impuestos, y se divide en cuatro lotes por zonas geográficas. El plazo para que las agencias interesadas en hacerse con la adjudicación presenten sus ofertas expirará este 3 de mayo, por lo que Moncloa y Sareb no sólo siguen desconociendo hoy de cuántos pisos disponen para ofrecer como alquiler social sino que aún tardarán muchos meses en despejar esta incógnita.