Sánchez bloquea la reforma electoral de la UE para no contrariar al PNV
Todos los demás países apoyan un umbral mínimo para entrar en el Parlamento Europeo
Las dudas en el PSOE sobre la investidura crecen tras la primera fecha prevista
El ministerio de Exteriores español, José Manuel Albares
España es el único país de la Unión Europea (UE) que todavía no ha ratificado la reforma de la reglamentación electoral comunitaria, lo que hace poco probable que pueda entrar en vigor en las elecciones previstas para finales de mayo y primeros de ... junio del año que viene. La causa de este retraso son las reticencias de varios partidos nacionalistas, encabezados por el PNV, que temen que si se aplica un umbral mínimo de votos de entre el 2% y el 5% para obtener representación en el Parlamento Europeo, ellos se queden sin diputados. En plenas negociaciones de Pedro Sánchez para formar una coalición que le permita una nueva investidura, la posición del Gobierno español en funciones es dejar dormir el tema, a pesar de las consecuencias para los demás países.
Ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo compareció por fin la presidencia española, aunque el ministro José Manuel Albares solamente intervino para pronunciar unas palabras de autoelogio, antes de pedir ser excusado «debido a la complicada situación internacional». Le sustituyó el secretario de Estado Pascual Navarro, que tuvo que escuchar las críticas a su superior por lo que varios eurodiputados consideraron una descortesía. En el turno de preguntas, se le pidieron explicaciones sobre el retraso de España en la ratificación de la reforma de la ley electoral europea aprobada en 2018 y que está pensada para las próximas elecciones.
Navarro reconoció que España ha aprobado «todos los elementos de la legislación excepto el umbral» mínimo para obtener representación, un asunto en el que «hay alguna dificultad en el Parlamento español». Un eufemismo que se refiere a las reticencias de partidos como el PNV que consideran su presencia en Bruselas y Estrasburgo como un objetivo
La norma europea obliga a imponer un umbral mínimo para obtener representación parlamentaria a los países con más de 35 escaños, con el objetivo de impedir que partidos minoritarios antisistema puedan entrar en el Parlamento Europeo, como ha sucedido en varias legislaturas. Se optó por una fórmula de consenso que establece que cada país afectado pueda elegir dentro de una horquilla entre el 2% y el 5% e incluso que no esté obligado a aplicarla en estas elecciones, sino que puede esperar a las de 2029. Hay otra reforma posterior debatiéndose que elevaría hasta el 3,5% el umbral más bajo, pero esa todavía se encuentra en estado embrionario.
En Madrid, el Congreso está claramente monopolizado por las maniobras de Pedro Sánchez para formar una mayoría y un enfado del PNV o de cualquiera de los posibles socios minoritarios podría tener consecuencias políticas muy importantes. A pesar del desdoro que supone para el Gobierno siendo la presidencia de turno de la UE, Sánchez no ha hecho ningún esfuerzo para tramitar esta ratificación. En las últimas elecciones europeas, el PNV obtuvo un 2,8% de los votos, gracias a que formaba parte de una coalición con partidos canarios, gallegos y valencianos, es decir que en determinadas circunstancias podría quedarse fuera. El partido del prófugo Carles Puigdemont obtuvo un 4,6%, lo que significa que también podría haberse quedado fuera si se hubiera elegido el umbral máximo previsto en esta reforma, mientras que ERC (5,6%) podría temer también por su presencia en Europa.
La normativa electoral constituye una reforma de uno de los tratados básicos, por lo que su entrada en vigor solo puede tener efecto una vez que todos los países la han ratificado formalmente. En verano faltaban solamente tres: Alemania ya lo ha ratificado y Malta lo aprobará este mismo mes, mientras España sigue sin hacerlo. Aunque Navarro trató ayer de separar sus dos funciones, como si la presidencia que ejerce el Gobierno y el propio Ejecutivo español fueran cosas diferentes, si la nueva norma no se aprueba a tiempo, sería un caso único en la práctica institucional de la UE.