Pedro Sánchez bloquea la ley electoral de la UE que sacaría a sus socios de Bruselas

La inacción del Gobierno español ha obligado al Parlamento Europeo a mover ficha y autorizar el viaje a Madrid de una delegación, decidida a averiguar las causas por las que no se lleva a cabo esta ratificación. La misión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, formada por eurodiputados de todos los signos políticos, llegó el domingo a España con el objetivo de examinar los obstáculos políticos y jurídicos, si los hubiera, que impiden la entrada en vigor de la reforma electoral de 2018. En su primera jornada, la agenda fue intensa, con hasta cinco encuentros diferentes en los que pudieron comprobar que no hay impedimentos reales para que se lleve a cabo el cambio normativo, sino que se trata de una falta de voluntad.

Así lo trasladaron a ABC fuentes cercanas a estos eurodiputados, que se reunieron este lunes con varios profesores de Derecho Constitucional, diferentes asociaciones jurídicas y el juez del Tribunal Supremo, Manuel Delgado-Iribarren. Además, visitaron el Congreso, donde mantuvieron un encuentro con los letrados de la comisión constitucional y el letrado mayor, Fernando Galindo, aunque la reunión clave tuvo lugar en el Ministerio del Interior. Allí no le esperaba Fernando Grande-Marlaska, que había excusado su presencia por problemas de agenda. En su lugar, los únicos miembros que el Gobierno puso a disposición de la misión de la Unión Europea fueron Carmen López García, directora general de Política Interior, y Mireya Corredor Lanas, subdirectora general de Política Interior y Procesos Electorales. «No han podido explicar nada y lo que han venido a decir es que el parón a la reforma es una cuestión política», señalan a ABCfuentes cercanas a la reunión, en la que los eurodiputados han tratado de entender por qué siete años después esta cuestión está parada y bloqueando al resto de los Estados miembros.

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La ausencia del ministro Marlaska y la falta de explicaciones demuestran que detrás de la inacción del Gobierno hay motivos políticos. De hecho, fuentes del Parlamento Europeo explican que desde el momento en el que la misión se puso en contacto con el Ejecutivo, todo fueron problemas. Tanto Félix Bolaños –ministro de la Presidencia y Justicia– como Marlaska se han pasado la pelota para evitar el encuentro, lo que demuestra la incomodidad con este asunto. El propio jefe de la misión, el alemán Sven Simon, criticó en una carta enviada al embajador horas antes de su llegada a España, que el Gobierno no hubiera programado finalmente ninguna reunión de un ministro del ramo con la delegación europea. «Hubiera sido muy constructiva para ambas partes, para poder intercambiar puntos de vista y encontrar vías de avance», explicaba el eurodiputado en la misiva, a la que ha tenido acceso ABC, y que no encontró respuesta afirmativa por parte de Moncloa.

Entre las conclusiones extraídas de las reuniones de este lunes, que hoy martes harán públicas los eurodiputados en una rueda de prensa, estará la de que «no hay objeción técnica para que se lleve a cabo esta reforma», lo que hace más inexplicable la actitud del Gobierno, aflorando la teoría –revelada por algunas de las personas que participaron ayer en las reuniones con la misión– de que el bloqueo es una cuestión meramente política, ya que muchos de los socios de investidura del actual Ejecutivo de Sánchez se verían perjudicados con la entrada en vigor de esta normativa.

La medida más importante que introduce esta reforma electoral aprobada por el Consejo en 2018 es la implantación de un umbral electoral obligatorio que cada país miembro deberá establecer entre el 2 y el 5 por ciento. Todo, para evitar la fragmentación actual del Parlamento Europeo. Hasta el momento, España es el único de los 27 que no ha ratificado la norma, lo que mantiene parada su aplicación. «Es una ley europea que Sánchez tiene secuestrada por culpa de sus socios», señalan fuentes cercanas a la delegación europea.

Lo cierto es que, de elevarse al 5% ese umbral electoral, varios de los partidos que sostienen las políticas del Gobierno se hubieran quedado fuera del Parlamento Europeo o habrían tenido que buscar alianzas electorales previas para conseguir al menos un asiento. Es el caso, por ejemplo, del PNV, que obtuvo un escaño con el 1,6% de los votos en las pasadas elecciones de 2024, y que en el acuerdo de investidura estableció la prohibición de que el Gobierno impulsara ninguna modificación de la Ley Electoral. Una muestra más de que el actual bloqueo responde únicamente a una cuestión partidista y política que nada tiene que ver con los impedimentos normativos o constitucionales que se vienen esgrimiendo desde hace tiempo.

«El precio de los pactos de Sánchez con los separatistas lo está pagando ahora toda la Unión Europea. Los socios del Gobierno ya no solo perjudican a España, sino que lo hacen con toda Europa. Es inaceptable que haya minorías que puedan bloquear normas europeas acordadas por los 27 Estados miembros», señalan fuentes del Partido Popular Europeo, que exigen que el Ejecutivo pueda llevar cuanto antes esta reforma al Congreso de los Diputados, donde debería aglutinar una mayoría absoluta para salir adelante lo que, de no contar con el visto de sus socios, sólo podría lograr con el apoyo del PP.