España en el Indo-Pacífico: una noticia buena y otra mala

La noticia es buena porque, desde un punto de vista puramente español, el exigente reto del despliegue sirve para proyectar al exterior la imagen de la Armada, realzando su profesionalidad, y para extraer importantes lecciones que mejoren sus capacidades; porque contribuye a la promoción de la industria de defensa nacional, que ya encontró en el pasado clientes en esa región; y porque parece apuntar a una toma de conciencia de lo importante que resulta posicionarse militarmente en esos vastos espacios marítimos en los que España se juega importantes intereses.

Pocas dudas pueden caber a estas alturas de la importancia que Asia está adquiriendo como centro de gravedad del poder global. Europa, cada vez más alejada de ese centro mantiene, a pesar de todo, un importante intercambio comercial con aquella región que convierte el mantenimiento de la libertad de navegación a través de sus mares en un importante interés de seguridad.

En el caso de España, casi un 22 % de sus importaciones, y el 8,4 % de sus exportaciones tienen a Asia como origen o destino, mientras que unas cuatrocientas mil toneladas de crudo le llegan anualmente desde Oriente Medio a través de las aguas de un Océano Índico en el que, además, faenan sus pescadores. El nivel del intercambio comercial español con el continente asiático es claramente menor que el de otros países de su ámbito geográfico pero, más allá de su vocación de crecimiento, es ya lo suficientemente importante como para que España se implique activamente en la protección y promoción de esos intereses y no se desentienda de la cuota proporcional de responsabilidad que le corresponde en el esfuerzo colectivo por garantizar la libertad de navegación y la seguridad en el Indo-Pacífico.

La mala noticia, que todavía ha pasado más desapercibida que la del inicio del despliegue, es que, ya sea por planificación inicial o, como ha sugerido algún medio, cediendo a las presiones de China, España ha decidido limitar su participación en la operación y retornar la fragata a su base en El Ferrol cuando el grupo de combate alcance las islas Filipinas —con lo que significan para España—, y no participar en el ejercicio que la formación tiene previsto ejecutar en aguas del mar de China Meridional como uno de los esfuerzos orientados a asegurar la libertad de navegación en esos disputados mares.

La noticia recuerda bastante a la que en 2019 protagonizó la misma fragata cuando, integrada a la sazón en el grupo de combate del portaaviones norteamericano USS Abraham Lincoln, recibió la orden de abandonar temporalmente la unidad, mientras ésta cruzaba las aguas de Oriente Medio, para no implicar al buque español en el episodio de tensión que vivía Estados Unidos con Irán en ese momento. En el caso actual, estuviera o no decidido de antemano el retorno, la noticia es mala, no sólo por la imagen que proyecta de un socio no totalmente comprometido con una operación cuyos fines también le atañen, sino, también, por las dudas que arroja sobre la existencia o no en España de una política y estrategia de seguridad diseñadas para satisfacer los importantes intereses que nuestro país tiene en la región, y sobre la coherencia de esta postura con la propia estrategia de seguridad nacional, o con su participación en organizaciones que definen a China como una potencia que plantea retos sistémicos a la seguridad euroatlántica.

Otras naciones europeas —Alemania, Francia, Italia, Países Bajos— van por delante de España, han publicado recientemente sus respectivas estrategias de seguridad para el Indo-Pacífico, y frecuentan desde hace algún tiempo aquellas aguas con medios navales. Sería bueno que nuestro país acometiera un esfuerzo similar de reflexión.

La importancia para España de la estabilidad en el Indo-Pacífico no puede ser ignorada ni minusvalorada. Dentro de sus posibilidades, nuestro país debe estar presente en esa región. No se trata de asumir un rol de liderazgo que no le corresponde, ni por su tamaño como potencia, ni por la magnitud de sus intercambios comerciales; pero sí de asumir la responsabilidad que le corresponde en el mantenimiento de la seguridad y la paz en la zona: por solidaridad con sus socios, por el positivo impacto que ello tiene sobre sus intereses, y porque ello amplificará la voz de España más allá de sus fronteras.