La salida de Marchena deja por ahora una Sala Penal continuista

Al igual que los candidatos a las presidencias de lo Civil, Contencioso-Administrativo y Social del Supremo, vacantes como consecuencia de la prohibición de hacer nombramientos impuesta al anterior CGPJ, Ferrer y Martínez Arrieta pasaron la semana pasada el trámite de entrevistas ante la Comisión de Calificación del Consejo como paso previo a someter estos nombramientos al Pleno. No será una tarea fácil por el empeño del sector progresista en que sea una mujer quien presida esta Sala. Apuestan claramente por Ferrer, de la misma forma que los vocales del sector conservador consideran que el sustituto de Marchena debe ser Martínez Arrieta, cuyo mérito y capacidad sitúan muy por encima del currículo de la otra candidata.

El magistrado, fundador de Francisco de Vitoria, es el primero del escalafón y tiene a sus espaldas más de 2.000 sentencias, algo con lo que es difícil competir. Del magistrado destacan, además, su «serenidad, templanza» y una línea continuista con la de Marchena, presidente del tribunal del 'procés', en la Sala Segunda. En ella están en estos momentos la causa en la que está imputado el fiscal general por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso, el procedimiento que se sigue contra el exministro Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Aldama por la trama de las mascarillas o la exigencia de responsabilidades penales a miembros del Gobierno por la gestión de la DANA.

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Nati Villanueva

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Hay que recordar que esta Sala Segunda es la que investiga y, en su caso, juzga a los aforados nacionales, entre los cuales no solo están los diputados y senadores, sino también el presidente del Ejecutivo y sus ministros. De ahí el interés del titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y de los progresistas del Consejo en situar al frente de esta Sala y también de la Tercera (la que revisa los actos del Gobierno) a dos mujeres con perfiles más afines al Gobierno con el pretexto de la paridad.

Lo cierto es que recientemente un informe del Gabinete Técnico del CGPJ desmontó la coartada de los progresistas de que dos de las cuatro presidencias en liza deberían corresponder a mujeres. El texto, encargado por la presidenta del Consejo, Isabel Perelló, concluyó que la aplicación de la ley de paridad (no más del 60 por ciento de las plazas para hombres y no menos del 40 por ciento para mujeres) se tenía que hacer sobre los nombramientos del actual mandato del Consejo y no por salas ni por tribunales.

Pese a ello, teniendo en cuenta que cada nombramiento tiene que salir adelante con 13 de los 21 miembros del CGPJ y que eso implica el acuerdo entre los dos bloques del órgano —diez vocales lo son a propuesta del PP y diez a propuesta del PSOE y Sumar— no parece que este caso vaya a resolverse con facilidad. De hecho fuentes del Consejo auguran que la presidencia en funciones de Martínez Arrieta va a ser larga, a no ser que, como sucedió con la elección de Isabel Perelló al frente del TS y CGPJ, el bloque progresista se divida en su apoyo a Ferrer.