Robles frena los planes para una posible misión militar en Ucrania

El jueves, tras la cumbre de líderes europeos en la que Francia y Reino Unido mostraron su disposición a desplegar tropas en suelo ucraniano, la propia ministra afirmó, durante una visita a la base militar de El Goloso, que era prematuro «hacer ningún tipo de planificación» de envío de soldados a Ucrania «mientras no se conozcan los términos» del posible acuerdo de paz, pero garantizó que España seguirá con su compromiso de ayudar a este país frente a la invasión de Rusia.

La decisión de un despliegue europeo empezó a gestarse este mes. Primero en una cumbre de jefes de estado mayor en París a la que acudió el Jemad español, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón. Tras ese encuentro, la semana pasada hubo en Londres una reunión de responsables de Fuerzas Armadas en distintos países para empezar los trabajos para crear una coalición al estilo de la que se desplegó en Irak para una posible intervención en Ucrania; en concreto una misión de interposición, siempre que haya un acuerdo de paz, lo que implica redactar unas reglas de enfrentamiento muy precisas, pues la fuerza actuante tiene la capacidad de responder y defenderse ante posibles acciones hostiles. Por parte española acudió el teniente general jefe del Mando de Operaciones, José Antonio Agüero, que regresó el viernes a Madrid. España ya no asistió a la siguiente reunión, convocada para días después.

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La decisión de Robles de paralizar los trabajos del Grupo de Planeamiento es la prueba definitiva de que el Gobierno no tiene intención alguna de momento de participar en una misión militar de interposición en Ucrania. La decisión se toma al mismo tiempo que se aboga por aumentar el gasto en defensa, aunque con el señuelo de que no sería sólo para rearme. Fuentes militares ven este paso como una nueva desautorización de la ministra al Jemad –de quien depende el Mando de Operaciones–, ya que una de sus funciones es la del planeamiento de todos los escenarios posibles. Precisamente, señalan que la calidad de un Estado Mayor se mide por su capacidad para anticiparse a las situaciones de crisis.

Las fuentes consultadas por ABC explican que el primer paso antes de diseñar un planeamiento lo debe dar la Inteligencia militar, que en función de la información que tiene en sus bases documentales redacta un informe con las principales cuestiones que se deben tener en cuenta. En este caso, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) no ha redactado ni un solo documento sobre la situación en Ucrania en el marco de ese posible despliegue en Ucrania junto a tropas de otros países.

Es más; en la reunión de Londres el Mando de Operaciones sólo contó con la inteligencia elaborada por el denominado Centro de Conducción Estratégica, concebido hace dos años con el nombre de Centro de Fusión de la Información y que depende del Estado Mayor Conjunto. Se trata de un organismo que no es estrictamente de inteligencia y el grueso lo forman reservistas y algún civil contratado al efecto. Es en ese Centro donde se analiza la información disponible sobre Ucrania, que además no es propia, sino que procede de terceros países, y a partir de ella se elaboran los informes que llegan al Jemad y a la ministra Robles.

Para las fuentes consultadas resulta más que sorprendente que el Cifas haya quedado al margen de una cuestión como esta, lo que se atribuye a una decisión personal de su actual responsable, el teniente general Antonio Romero. «¿Para que queremos ese organismo, en el que se invierte mucho dinero del contribuyente, si no es para estas situaciones? Ese centro de inteligencia militar cuenta con medios, personal, enlaces y relaciones para hacer el trabajo, y sin embargo los informes de inteligencia de Ucrania los hace el Centro de Conducción Estratégica, que obviamente ha ocupado ese lugar ante la incomparecencia del Cifas». «Ha ganado un estatus que no le corresponde», añaden esas fuentes.

En lo que se refiere a la inteligencia militar sobre Ucrania, España se nutre sobre todo de los informes que distribuye la OTAN entre los países miembros y la que ofrecen los países aliados. El Cifas, como es conocido, está desplegado en los países donde tenemos misión, en el flanco este –Letonia, Eslovaquia y Rumanía–, donde su misión principal es la de la contrainteligencia –evitar los ataques de actores hostiles como pueden ser Rusia y China, fundamentalmente– y también de enlace con los servicios que operan en la zona.

Esa falta de Inteligencia propia sobre Ucrania provoca una dependencia de otros países aliados: «Se puede intercambiar información con otros países, pero no inteligencia, porque no tenemos ni las mismas necesidades ni los mismos intereses que ellos».

Las fuentes consultadas inciden en que las misiones del Centro de Conducción Estratégica, del que se informan la ministra y el Jemad, están relacionadas con el estudio de las actividades en el ámbito cognitivo que se desarrollan en las áreas de operaciones donde las Fuerzas Armadas tienen personal desplegado, con el objetivo de identificar posibles amenazas.

Más concretamente, se dedica a monitorizar las redes e informaciones que se difunden en las diferentes zonas de despliegue de las fuerzas españolas. En ningún caso, por tanto, se trata de un elemento generador de inteligencia en sentido estricto, ya que no cuenta con fuentes propias sino que reelabora la información que le llega.

Por eso llama la atención que este Centro de Conducción Estratégica sea el encargado de redactar las notas de inteligencia que llegan al Jemad y la ministra, en lugar del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), con más experiencia, personal mejor cualificado y mayor dotación.

Un posible despliegue en Ucrania tampoco estaría exento de polémica política para el Gobierno, aliado en las Cortes Generales de unos socios que no ocultan su malestar con el anunciado aumento del gasto en defensa y que incluso defienden la salida de España de la OTAN.

La Ley de la Defensa Nacional dicta que el Congreso de los Diputados debe autorizar, con carácter previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional. Durante los últimos años, el Gobierno ha sorteado este precepto en las nuevas operaciones desplegadas en la frontera con Rusia alegando que todas ellas están englobadas dentro de las misiones de disuasión en el flanco este de la OTAN. Sin embargo, la participación en una misión europea en Ucrania sí que sería nueva y por tanto debería contar con el aval parlamentario requerido por la ley. «Para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados», dicta el artículo 17 de la ley, que solo permite cumplir con este trámite con posterioridad en caso de que haya necesidad de «respuesta rápida o inmediata» a determinadas situaciones.

Ante la complicada aritmética parlamentaria en la que se apoya el Ejecutivo, lo más factible sería que buscara el apoyo del PP para sacar adelante la misión, un objetivo tampoco fácil dados los últimos enfrentamientos con su líder, Alberto Núñez Feijóo.