La ministra Robles asegura que el CGPJ no tiene «legitimidad» para rechazar la amnistía y ataca a los vocales conservadores

La titular de Defensa considera que «es una falta de sentido de la realidad»

Ocho vocales del Poder Judicial fuerzan un pleno para denunciar que la amnistía es la «abolición del Estado de derecho»

Margarita Robles, ministra de Defensa en funciones EP

EP

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, rechazó este jueves que ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hayan solicitado un pleno extraordinario para rechazar la amnistía a los líderes independentistas catalanes, habida cuenta de que sus mandatos están caducados ... y su situación es «claramente inconstitucional». Que «se permitan el lujo de dar lecciones», lametó la ministra.

En declaraciones a los medios de comunicación en la Base Aérea de Torrejón (Madrid), la ministra afirmó que «no sale de su asombro» con la posición de estos vocales. «Creo que es una falta de sentido de la realidad», agregó, antes de recordar que su situación es «claramente inconstitucional, que deberían haber tenido dignidad para irse y haber dimitido hace mucho tiempo» y que «nunca le han pedido al PP que se proceda a la renovación» del órgano, caducado desde hace cinco años.

Además, para la ministra, los vocales en cuestión son «conscientes» de que, con su permanencia en el CGPJ, «están incumpliendo la Constitución» y «tienen a juzgados y tribunales bastante abandonados» pero «se permiten el lujo de dar lecciones sobre lo que hay que hacer» o «se preocupen de que otros cumplan o no cumplan» la Carta Magna. «A mí me parece gravísimo», recalcó, subrayando la, a su juicio, «falta de legitimidad» de los magistrados.

«Creo que se puede estar a favor o en contra de la amnistía», concluyó la ministra, sin valorar el asunto más allá y sin responder si ella personalmente respalda esta medida de gracia a los líderes independentistas catalanes.

Los ocho vocales citados piden reunir al Pleno para debatir una declaración institucional contra la norma que el PSOE está ultimando con ERC y Junts, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente el Gobierno.

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