La Rioja pagó tres millones de euros en mascarillas a sabiendas de que eran 'fake'

Según un documento oficial firmado por el gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González, el pasado 27 de marzo «se envió escrito de comunicación al Ministerio Fiscal». El Ministerio Público en La Rioja ha preferido no responder a este diario, pero fuentes gubernamentales aseguran que las diligencias han sido archivadas.

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La adjudicación a la empresa Arneplant S.L. mediante contrato de emergencia en la pandemia se publicó el 29 de mayo de 2020: 5,5 millones de «mascarillas quirúrgicas» por un importe de 3.080.000 euros. Resultó que las mascarillas sólo eran sanitarias, por lo que no pudieron ser distribuidas entre los profesionales de la salud.

El informe de KMPG concluye que «parece acreditado que Arneplant incumplió los términos del contrato de suministro, pues el material entregado no reunía los requisitos para ser considerado como mascarilla quirúrgica, conforme expresamente se exponía en la resolución por medio de la cual se procedió a su contratación por la vía de emergencia».

KPMG añade que «de acuerdo con la información facilitada por el Seris (Servicio Riojano de Salud) las mascarillas no cumplirían con los requisitos mínimos para que el material sanitario suministrado fuera adecuado para evitar el contagio del Covid-19». Además, según otro informe informe jurídico, éste del Gobierno de La Rioja de 18 de marzo, «consta en correos de 27/08/20 y 22/09/20 que el Seris conoció, antes de emitir acta final de recepción, que lo entregado por Arneplant no era material quirúrgico y que no se entregó material alguno de mascarillas Arneplant en los almacenes del Seris». También señalan que «la unidad destinataria de la mercancía fue Presidencia».

Pese a que el incumplimiento parece totalmente acreditado, el Gobierno socialista abonó a la empresa los tres millones de euros, una cantidad que ahora no es fácil de recuperar: «Dado que se trata de un contrato finalizado hace ya casi cuatro años, la doctrina administrativa es unánime al considerar que no procede resolver el mismo. En caso contrario, se correría el previsible riesgo de un dictamen desfavorable por parte del órgano consultivo (...) lo cual haría previsible una sentencia desfavorable para el Seris en un eventual procedimiento contencioso-administrativo», asevera el informe elaborado por KPMG a instancias del Gobierno regional que fue remitido a la Fiscalía. El documento deja una posibilidad: «Si bien los dictámenes emitidos por el Consejo de Estado y por otros órganos consultivos no contempla la resolución de contratos cuyo objeto ha finalizado, sí permite la posibilidad de reclamar daños y perjuicios por el incumplimiento por el contratista, contando para ello con un plazo de cinco años desde la última entrega de suministros».

La última acta de recepción de los cuatro millones de mascarillas es de fecha 8 de septiembre de 2020, por lo que aún quedan unos meses de plazo para explorar esa vía. La firmó Nuria San Servando, una destacada socialista riojana miembro del comité ejecutivo autonómico cuya hermana trabajaba en Arneplant y que fue la persona que puso en contacto a la fábrica de calzado y al Gobierno de Concha Andreu.

San Servando no tenía en ese momento ningún cargo público, pues encabezaba la Fundación Riojana de la Innovación (FRI), que era privada aunque el Gobierno de La Rioja estuviera en el patronato. Posteriormente se le cambió el nombre a Fundación para la Transformación de La Rioja y se incluyó en el Gobierno regional.

Desde 2023, Nuria San Servando forma parte del Consejo Asesor de Ciencia del Ministerio de Diana Morant, el CACTI, al que accedió precisamente por ser directora de la citada fundación, de la que fue despedida por el actual gobierno autonómico, con el que mantiene un pleito laboral. El PSOE la colocó en la lista electoral de Arnedo, donde se ubica la fábrica de las mascarillas 'fake', y salió elegida concejal. Lleva el área de Planificación Urbana y Desarrollo Local.

Fuentes oficiales del PSOE riojano han trasladado a ABC que «el Gobierno del PP se apoya en una auditoría de parte con la información que le ha convenido», al tiempo que acusan al presidente Capellán de lanzar «bulos injustificados», perjudicar a «empresas de referencia en La Rioja» y arrojar «sospechas sobre funcionarios a la hora de conseguir mascarillas en los momentos más críticos de la pandemia».