Ribera desoyó la orden del Consejo de Seguridad Nacional de elaborar una nueva Estrategia de Seguridad Energética

«El Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión del día 6 de octubre de 2020, ha aprobado un acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia de Seguridad Energética Nacional», reza la orden, firmada por la entonces vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo. Este movimiento se produjo después de que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 ya hubiera señalado la necesidad de realizar esa actualización. «La seguridad de las instalaciones es un factor importante para la seguridad energética. La inversión en infraestructuras energéticas, su mantenimiento y modernización es crucial», señalaba, antes de mandatar que «se revisará la Estrategia de Seguridad Energética Nacional». Pero el Ministerio de Transición Ecológica, con Ribera al frente desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, no había dado ningún paso relevante.

En la justificación de su orden de 2020, el CSN señala que la seguridad energética es «uno de los ámbitos prioritarios de actuación de la Seguridad Nacional» y pone sobre la mesa los riesgos, destacando que «la actual coyuntura marcada por la transición ecológica, unida a la configuración de nuevas y continuas amenazas en el escenario tradicional, hace que se considere de vital importancia contar con una nueva estrategia específica en el ámbito de la seguridad energética». Este documento debía incluir «desde la perspectiva de la Seguridad Nacional, los distintos ámbitos en los que nuestros intereses nacionales se pueden ver afectados», y debía elaborarse siguiendo las líneas que marcara la siguiente Estrategia de Seguridad Nacional, la de 2021, aunque sin esperar a que ésta se publicara sino que la tarea se podía emprender de forma simultánea. Nada sucedió y el Consejo de Seguridad Nacional incluyó esta tarea como una línea de acción, la número 25, de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada hace cuatro años y vigente a día de hoy. El responsable de este documento es el propio Sánchez como máxima autoridad de la seguridad nacional, aunque le asisten en la tarea tanto el CSN, que coordina y supervisa el proceso como órgano máximo en la materia, como el Departamento de Seguridad Nacional, que asesora técnicamente al jefe del Gobierno. La redacción no deja lugar a dudas. «El nuevo paradigma energético obliga a una revisión de la Estrategia de Seguridad Energética Nacional 2015, para una adecuada actualización y encaje en este marco, donde además se han de tener en consideración el Pacto Verde Europeo y los Acuerdos de París de 2015», mandata la citada estrategia de 2021 apuntando claramente como desafío al creciente peso de las energías renovables por las políticas de lucha contra el cambio climático. «El proceso de transformación del sector energético lleva aparejado nuevos riesgos asociados a un modelo de generación verde», señala el documento. «Si bien la dependencia de hidrocarburos provenientes del exterior seguirá siendo un factor de vulnerabilidad en los próximos años, la transición hacia un nuevo modelo energético económicamente sostenible y respetuoso con el medioambiente es el principal desafío de un sector clave para la economía y la seguridad», añade. A partir de aquí, el enunciado textual de la línea de acción no deja lugar a dudas: «actualizar la Estrategia de Seguridad Energética Nacional para establecer objetivos y líneas de acción de acuerdo con el contexto de transición ecológica, energética y económica».

Pero tampoco así se logró que Transición Ecológica hiciera los deberes. ¿El resultado? Cuando se ha producido un apagón total, cuatro años después, la Estrategia de Seguridad Energética existente es la que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, que no contempla un fallo del sistema como el ocurrido ni, por tanto, los pasos a seguir para revertirlo. Al elaborar una nueva estrategia, se definen las grandes líneas de acción según los riesgos y necesidades y, a partir de aquí se desarrollan las políticas para evitarlos y se elaboran los planes de actuación a seguir si cada uno de los posibles riesgos se hace realidad. En el caso del riesgo de apagón total, se hubieran establecido los pasos a seguir automáticamente para levantar el sistema eléctrico lo antes posible. Al no existir esta hoja de ruta, el procedimiento se fue improvisando.