Un Rey para la Democracia
Don Juan Carlos jura como Rey ante las Cortes Generales el 22 de noviembre de 1975 - efe
la abdicación de juan carlos i

Un Rey para la Democracia

«La Monarquía debe su éxito al hecho de haber sabido convertirse en el símbolo más elocuente de una España democrática y cosmopolita»

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«La Monarquía debe su éxito al hecho de haber sabido convertirse en el símbolo más elocuente de una España democrática y cosmopolita»

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  1. Heredero de España

    Don Juan Carlos jura como Rey ante las Cortes Generales el 22 de noviembre de 1975
    Don Juan Carlos jura como Rey ante las Cortes Generales el 22 de noviembre de 1975 - efe

    La proclamación de Don Juan Carlos I como Rey de España en el viejo Palacio de las Cortes el 22 de noviembre de 1975 marcó el final de una larga marcha hacia el Trono iniciada en 1947, fecha de la promulgación de la Ley de Sucesión, por la cual España quedó constituida en Reino, con Francisco Franco como regente vitalicio. Si éste resolvió finalmente el dilema de la sucesión a favor de la Monarquía, fue con el propósito de evitar que su régimen fuese recordado como otra dictadura de Primo de Rivera, es decir, como un mero paréntesis, entre dos etapas con identidad política propia. Por eso no le sedujo nunca la posibilidad de ser sucedido por otro general, resultándole mucho más atractiva la instauración de una Monarquía de nueva planta, pasando así a la Historia como un nuevo «hacedor de Reyes».

    Sin embargo, el precavido dictador olvidó que en política la capacidad de testar suele ser muy limitada. Don Juan Carlos supo desde muy pronto que la futura Monarquía no podría ser un régimen de autoridad personal como el de Franco y que en el contexto geográfico y temporal de la Europa occidental de la segunda mitad del siglo XX la única legitimidad capaz de sustentarla sería la democrática.

    El general también subestimó la importancia de la Historia y de la legitimidad dinástica, y a pesar de los esfuerzos de su régimen por instaurar una Monarquía propia, su sucesor no podía dejar de encarnar una institución que hundía sus raíces en un pasado muy anterior a la Guerra Civil. Aunque es probable que la Monarquía jamas hubiese regresado de no haber sido por el régimen franquista, por su propia esencia no podía limitarse a ser una mera continuación de éste; como le explicó Don Juan Carlos a un periodista norteamericano en 1970, «soy heredero de Franco, pero también soy heredero de España».

    La propia naturaleza de la Monarquía de las Leyes Fundamentales, cuyos principales rasgos había perfilado la Ley Orgánica del Estado en 1966, contribuyó de forma decisiva a la «conversión» del Príncipe a la democracia. La forma de gobierno posfranquista prevista en dicha ley era una Monarquía limitada, en la que el centro de gravedad político se desplazaría de la Jefatura del Estado a la Presidencia del Gobierno, supuestamente con el propósito de dejar a salvo la imparcialidad del futuro Rey y garantizar así la continuidad de la institución. En apariencia, la ley le protegía de los avatares de la vida política. en realidad, le convertía en el rehén de unos gobernantes no responsables políticamente, cooptados por unas instituciones nada representativas, cuyo fracaso o impopularidad no podía dejar de salpicarle. Paradójicamente, la Ley Orgánica condenaba a Don Juan Carlos a una situación de indefensión tal que las incertidumbres de un futuro cambio de régimen pronto se le antojaron más atractivas que las falsas certezas de la ortodoxia continuista.

  2. Arias, un presidente hostil

    Carlos Arias Navarro junto a los Reyes
    Carlos Arias Navarro junto a los Reyes - archivo

    Durante la breve presidencia de Luis Carrero Blanco, entre junio y diciembre de 1973, el Príncipe tuvo al menos la seguridad de su lealtad personal. Además, el almirante le había asegurado que, de encontrarse al frente del Gobierno en el momento de producirse la muerte de Franco, presentaría de inmediato la dimisión para que pudiese actuar con plena libertad. Sin embargo, tras su bárbaro asesinato por ETA y el sorprendente nombramiento de Carlos Arias Navarro en enero de 1974, Don Juan Carlos ya no tuvo dificultad alguna para imaginarse lo que supondría reinar con un presidente del Gobierno manifiestamente hostil. El andamiaje institucional legado por la dictadura no le garantizaba la continuidad en la Jefatura del Estado, ni tampoco la de su dinastía, por lo cual no resulta tan paradójico como pudiera parecer que la institución creada por Franco para garantizar la continuidad del régimen se convirtiese al cabo de no mucho tiempo en la pieza imprescindible para su desmantelamiento.

    Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, las acciones del Rey siguieron la doble lógica de lo que el politólogo Giuseppe di Palma ha definido como legitimación retrospectiva (o «hacia atrás») y legitimación prospectiva (o «hacia adelante»). Por un lado, la oposicion antifranquista sólo aceptaría a la Monarquía en la medida en que ésta contribuyese a traer la democracia y demostrase ser compatible con ella; en relación con estos sectores de la sociedad, el Rey se esforzó por lograr la legitimación prospectiva de la institución que encarnaba. (En este sentido, fue Don Juan Carlos quien legitimó a la Monarquía, y no a la inversa). Al mismo tiempo, los sectores de la sociedad más reacios al cambio sólo aceptarían la democracia si era compatible con la Monarquía, ya que veían en ésta el elemento más tangible del legado franquista, y una garantía de su propia supervivencia; a sus ojos, la Monarquía debía contribuir a la legitimación retrospectiva de la democracia.

    Esta doble tarea llevaba implícita una cierta contradicción, ya que la legitimación prospectiva requería la identificación del Monarca con los valores democráticos y la legitimación retrospectiva con el pasado autoritario. Dado que el Rey era genuinamente partidario de la democratización, y que su futuro dependía en no poca medida de su aceptación por parte de la oposición, pudo haber sucumbido a la tentación de resolver dicha contradicción abandonando a su suerte a los sectores contrarios al cambio, para dedicarse en exclusiva a la legitimación prospectiva de la Monarquía.

    Sin embargo, de haberlo hecho, no habría sido posible una transición legal, impulsada desde el propio régimen, ya que ello requería la colaboración -o al menos la aceptación pasiva- de las instituciones y de la clase política heredadas del franquismo. El Rey no podía encabezar un autogolpe contra el régimen, ni una autorruptura con la legalidad vigente, porque ello le habría privado de la única autoridad de la que gozaba, derivada de las Leyes Fundamentales. Además, habría liberado a los enemigos de la democratización -y muy especialmente, a ciertos sectores de las Fuerzas Armadas- de la promesa de lealtad y obediencia al Monarca que les imponían tanto las leyes vigentes como el propio testamento político de Franco.

  3. La llegada de Suárez

    Adolfo Suárez jura su cargo como Presidente del Gobierno ante el Rey Juan Carlos en 1976
    Adolfo Suárez jura su cargo como Presidente del Gobierno ante el Rey Juan Carlos en 1976 - efe

    El proyecto democratizador del Monarca era inviable sin la colaboración del presidente del Gobierno y del presidente del Consejo del Reino, que lo era también de las Cortes. Ante la negativa de Arias a poner su cargo a disposición del Monarca, éste centró sus esfuerzos en lograr el nombramiento de su antiguo tutor, Torcuato Fernández- Miranda, como presidente del Consejo del Reino. Arias no sólo fue incapaz de ofrecer a la oposición democrática y al conjunto de la ciudadanía un programa de gobierno mínimamente atractivo, sino que su tendencia a reprimir toda manifestación de disidencia suscitó un amplio rechazo popular que amenazó con desprestigiar a la institución en cuyo nombre supuestamente gobernaba. Tras varios meses de titubeos -y unas declaraciones a la prensa norteamericana en las que describió a Arias como «un desastre sin paliativos»- en julio de 1976 el Rey forzó finalmente su dimisión, operación que sincronizó cuidadosamente con Fernández-Miranda para que éste pudiese obtener del Consejo del Reino el nombramiento como presidente del Gobierno del hasta entonces ministro secretario general del Movimiento, un joven y audaz político llamado Adolfo Suárez.

    A partir del verano de 1976, la troika reformista formada por el Rey, Fernández-Miranda y Suárez acometió con decisión la legitimación retrospectiva de la democracia. El elemento clave del proceso fue la aprobación por unas Cortes todavía orgánicas, en noviembre de 1976, de una Ley para la Reforma que contemplaba la creación de un Parlamento bicameral elegido por sufragio universal, directo y secreto. Tal y como le venía asegurando a Don Juan Carlos desde 1960 el padre intelectual del proyecto, Fernández-Miranda, la reforma política podía realizarse «de la ley a la ley, pasando por la ley», sin ruptura formal con la legalidad, privando así a los sectores más recalcitrantes del régimen de toda excusa formal para resistirse al impulso democratizador del Monarca. Lejos de pretender humillar a los procuradores que le habían proclamado sucesor en 1969, el Rey les brindó la oportunidad de contribuir a la transformación pacífica del régimen al que habían servido, ofrecimiento al que supieron responder con pragmatismo. Muchos seguramente comprendieron, además, que la derrota de la Ley hubiese sido también la de la Monarquía, que era en realidad su única protección contra una posible revancha de los demócratas, que afortunadamente nunca se produciría.

    Una vez aprobada la Ley para la Reforma en el referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1976 a pesar de las consignas abstencionistas de la oposicion democrática, la troika reformista centró su atención en la legitimación prospectiva de la Monarquía. Si hasta entonces se había podido comparar la Reforma Política a una obra teatral que contaba con un empresario (el Rey), un autor (Fernández-Miranda), y un actor principal (Suárez), a lo largo de 1977 éste último comenzó a escribir su propio guión. Su página más decisiva fue la legalización de los partidos políticos, y muy especialmente la del Partido Comunista, a cambio de la cual éste se comprometió a reconocer a la Monarquía y sus símbolos. Además, la incorporación del PCE a la reforma auspiciada por la Corona trajo consigo la participación del PSOE, que todavía se resistía a reconocer la legitimidad de la Monarquía, quedando garantizado el carácter plenamente democrático de las primeras elecciones generales, celebradas el 15 de junio de 1977. Así lo entendió también el Gobierno de la República en el exilio, que se disolvió tras reconocer públicamente que, contra todo pronóstico, el regreso de la Monarquía había posibilitado también el retorno de la democracia.

    La convocatoria de elecciones generales conllevó asimismo el reconocimiento de los esfuerzos democratizadores de Don Juan Carlos por parte de su padre, que le confirió los derechos y deberes que le correspondían como legítimo heredero de Alfonso XllI y Jefe de la Casa de Borbón, en el transcurso de una sencilla ceremonia celebrada en el Palacio de la Zarzuela el 14 de mayo de 1977. Por motivos tanto personales como políticos, ello le produjo una gran satisfacción al Monarca, ya que le permitió recibir de Don Juan la legitimidad dinástica de la que hasta entonces había carecido.

    Una de las muchas lecciones que había aprendido el Rey de su padre era la necesidad de contar en todo momento con las comunidades españolas para las cuales una genuina democratización conllevaba necesariamente el reconocimiento de los rasgos diferenciales de su identidad. Por eso impulsó el reconocimiento de las instituciones catalanas en la persona de Josep Tarradellas, que pudo regresar finalmente del exilio en octubre de 1976 como presidente de una Generalidad restaurada, y pronunciar su emocionante «ja sóc aquí». Ello supuso un ejemplo más de legitimación prospectiva de la Monarquía, y fue también uno de los episodios más rupturistas del proceso democratizador, ya que permitió enlazar en cierta medida con la legitimidad republicana truncada en 1936. Con una perspectiva histórica más amplia, también podría interpretarse como un acto de reconciliación entre Cataluña y la dinastía Borbón, que contribuyó a cerrar las heridas abiertas por los decretos de Nueva Planta en 1716. El Monarca hubiese deseado repetir esta experiencia en el País Vasco, pero los partidos que controlaban el Gobierno en el exilio no se avinieron a ello, motivo por el cual la legitimación prospectiva de la institución no tuvo el mismo calado allí que en otras comunidades.