Nuevo estudio
Así 'enchufan' las comunidades: el 60% de cargos en empresas públicas no son elegidos por mérito y capacidad
La fundación Hay Derecho realiza un estudio basado en la Comunidad de Madrid y Valencia en el que denuncia el «amiguismo» en la elección de los responsables de 43 entidades durante la última década
«Los datos apuntan a poco cuidado en la selección y mucha rotación. La elección por criterios políticos no nos parece idónea», afirma Elisa de la Nuez, directora de la investigación
Madrid
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Iniciar sesiónMás de la mitad de los máximos responsables de empresas públicas en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid designados en los últimos 10 años no fueron elegidos por criterios de «mérito y capacidad», según denuncia Hay Derecho.
Inmediatamente después de las elecciones autonómicas y municipales del 28M ... , la fundación sin ánimo de lucro, que promueve la regeneración institucional, contra la corrupción y el Estado de Derecho, publica un informe en el que alerta sobre la rotación en la elección de los gerentes y máximos responsables de empresas públicas. Su cese y elección de sustitutos no suele llamar la atención por no tratarse de cargos electos pero lo cierto es que cada gobierno elige a sus personas de confianza en las distintas comunidades cada vez que cambian los consejeros del ramo, incluso cuando son del mismo signo político. En muchas ocasiones, también supone una manera de premiar a candidatos que quedaron fuera de las listas.
Centrándose en la gestión de los útimos 10 años en las comunidades de Madrid y Valencia, gobernadas por Partido Popular y Partido Socialista en la útima legislatura, respectivamente, la asociación llega a la conclusión de que el 60% de los 101 máximos responsables de 43 empresas públicas de ambas regiones, cuyos currículums se han analizado, «no están cualificados profesionalmente» para el cargo que ocupan y que «su puesto sufre de una alta rotación coincidiendo con los cambios de gobierno».
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Así se afirma a raíz del análisis de los datos recogidos en el estudio denominado 'El Dedómetro', que ha presentado este martes la asociación. La directora de investigación y secretaria general, Elisa de la Nuez, afirmó en conversación con ABC que la intención del análisis es «llamar la atención sobre cómo se designa a los directivos del sector público, como si fueran un cargo político más, igual que se cambia a los ministros y a los consejeros en una comunidad autónoma. Se cambia a todos los responsables cuando la mayoría tienen un componente de gestión y profesionalidad muy alto».
Organismos en sectores clave
En el informe se aborda la trayectoria de los cargos públicos (no responsables políticos) que gestionan organismos en sectores clave del agua, los transportes o los medios de comunicación, como la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana o el Canal de Isabel II, entre otros.
Para llegar a la conclusión de que la mayoría de ellos no fueron escogidos por «mérito y capacidad», según establece el artículo 103 de la Constitución que sería deseable, los investigadores han establecido un «indicador de meritocracia basado en variables como la formación, la experiencia, la profesionalidad previa, la experiencia en el campo en cuestión o en la gestión de entidades con presupuesto y plantillas similares. Penalizamos que se haya llegado ahí a través de contactos políticos, lo que se ve en la propia trayectoria previa del cargo en cuestión», explicó De la Nuez.
Otros organismos analizados son las televisiones públicas, el Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid o Planifica Madrid. La asociación escogió las dos comunidades en cuestión por «tener un Producto Interior Bruto (PIB) y una demografía importante, así como un sector público amplio».
Se trata del primer estudio autonómico que realiza Hay Derecho, aunque en 2020 ya publicó otro similar a nivel nacional en el que se analizó la trayectoria de los máximos responsables de empresas públicas como Correos o Paradores y otro en el área metropolitana de Barcelona. La intención de la fundación es continuar estudiando la situación en otras comunidades autónomas.
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