El referéndum de Aragonès obstaculiza la agenda electoral de Sánchez

El mero hecho de que ese asunto vuelva a aparecer en la agenda política, precisamente cuando el Ejecutivo presume de que la etapa de confrontación en Cataluña ha quedado atrás, no abona ese relato gubernamental, más aún cuando la iniciativa viene de un dirigente como Aragonès, de ERC, al que desde Moncloa se trata de presentar como un interlocutor fiable y alejado del maximalismo separatista que representaría en exclusiva Junts per Catalunya, la formación del expresidente catalán fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, que incluso abandonó el Gobierno autonómico esta legislatura, después de haber boicoteado con su ausencia las últimas ediciones de la llamada mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el Govern.

Varios ministros, y de peso dentro del Gabinete, trataron de zanjar ayer la cuestión con expresiones tajantes. «Con Pedro Sánchez de presidente del Gobierno, no va a haber un referéndum de autodeterminación», aseveró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «Lo hemos traducido en todos los idiomas posibles, y lo sabe el Gobierno de Cataluña», añadió la también número dos del PSOE.

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Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, descalificó la propuesta lanzada por Aragonès por volver, dijo, «al pasado, al peor pasado, el del conflicto, el del fraccionamiento, la división de la sociedad». «Desde luego no son el futuro de Cataluña. El futuro de Cataluña pasa por el acuerdo, por el diálogo. Por las oportunidades, por el empleo, por las empresas que invierten y generan empleo en Cataluña. Desde luego no una propuesta que sea volver al pasado, que fraccione la sociedad catalana, que cronifique el conflicto», añadió.

'Sotto voce', fuentes gubernamentales aseguran que estamos ante un «fuego de artificio» del presidente catalán al que dicen no prestar mayor atención. Aún más, aseguran que en materia de medidas para rebajar la tensión ya se han tomado todas las que hacían falta, entre ellas los indultos al líder de ERC, Oriol Junqueras, y otros cabecillas del 'procés', condenados en 2019 por el Tribunal Supremo (TS) por sedición, un delito eliminado ya del Código Penal, otra de esas medidas o cesiones al independentismo adoptadas por Sánchez, en este caso en cooperación parlamentaria con ERC, que logró también la rebaja de las penas por malversación, otro de los delitos por los que se condenó a los dirigentes independentistas que quebrantaron la legalidad en el otoño de 2017.

Aunque ocurre que la dialéctica del pasado para negar esos gestos políticos que se terminaron concediendo al separatismo -cuyo concurso político ha sido imprescindible para la investidura de Sánchez y para la legislatura, incluidos los Presupuestos Generales del Estado- fue igual de firme que la empleada ahora. En diciembre, con motivo de la renovación finalmente efectuada del Tribunal Constitucional (TC), que llevó a la Presidencia del máximo intérprete de la Carta Magna al magistrado Cándido Conde Pumpido, antiguo fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, el Partido Popular (PP) acusó a Sánchez de pretender con ese nombramiento allanar el camino para validar el día de mañana una consulta de secesión como la que pretenden los grupos independentistas.

De momento, en Moncloa se agarran a la mentada división entre las fuerzas partidarias de la independencia de Cataluña, que de hecho ya ha provocado que el Parlament no haya avalado una propuesta concreta de referéndum, de ahí que Aragonès haya presentado una iniciativa propia como Gobierno autonómico. Creen además los estrategas del PSOE que ese movimiento responde tanto al escenario preelectoral (el 28-M no hay autonómicas en Cataluña, pero sí municipales, donde ERC se juega mucho) como a los «nervios» de Aragonès por las buenas cifras que cosecha en las encuestas el PSC del exministro Salvador Illa, quien no en vano fue el más votado en las elecciones catalanas de principios de 2021, aunque los independentistas volvieron a sumar una mayoría de gobierno.

La voluntad de Sánchez de sumir en el letargo lo relativo a Cataluña y las reivindicaciones independentistas llega hasta el punto de que, según confirman fuentes del Gobierno, no hay intención de volver a reunir esa mesa de diálogo. Se considera que esa es una etapa pasada y que la interlocución con la Generalitat, aun bilateral, es la misma que con el resto de autonomías.

Por lo demás, la aparición de la propuesta de referéndum agita no solo las críticas de la oposición -ayer la número dos del PP, Cuca Gamarra, denunció que los independentistas «están garantizando que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno de España a cambio de facilitar ese camino para que consigan lo que el ordenamiento jurídico no les permite»- sino las de los sectores del PSOE más refractarios al nacionalismo catalán. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se apresuró ayer a decir que será el primero en recurrir al TC si finalmente se lleva a cabo el referéndum.

Desde que llegó al poder en 2018, tras derrocar a Mariano Rajoy con una moción de censura, Sánchez ha blasonado de que a su antecesor le convocaron dos referéndums y a él ninguno. Ahora ya está sobre la mesa la intención de hacer otra consulta, por parte del aliado parlamentario al que más ha cuidado, ERC.