Recurren ante el Supremo el nombramiento de Valerio como presidenta del Consejo de Estado

Subraya la fundación que tradicionalmente han ocupado este cargo juristas de reconocido prestigio, que si bien habían ocupado cargos políticos en distintos Gobiernos, tenían también una formación y experiencia jurídica acreditada como José Manuel Romay Beccaria, profesor de Derecho y letrado del Consejo de Estado, o Francisco Rubio Llorente, letrado de las Cortes vicepresidente de Tribunal Constitucional o la última presidenta, María Teresa Fernandez de la Vega, magistrada por el cuarto turno y Vocal del CGPJ.

Sin embargo, agregan Valerio no puede ser considerada una «jurista de reconocido prestigio» pues es funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y «ni durante su carrera administrativa primero ni en su carrera política ha desempeñado cargos que permitan atribuirle la consideración de jurista de reconocido prestigio. Hasta tal punto es así que durante su comparecencia en el Congreso la propia candidata señaló que el requisito de ser jurista de reconocido prestigio es un criterio 'opinable'», dice.

Para Hay Derecho, no se trata de algo opinable o subjetivo. «Como mínimo, sería necesario que se tratase de una persona que se dedica al mundo del Derecho de forma profesional y que acumula un determinado número de años en dicho ejercicio (...) si doña Magdalena Valerio es una jurista de reconocida competencia cualquiera puede serlo, vaciando de contenido uno de los dos requisitos legales (el otro es tener experiencia en asuntos de Estado)». Si esto es así, entonces lo que procede es modificar la ley«, explica Elisa de la Nuez, secretaria general de esta fundación sin ánimo de lucro.

Junto con el nombramiento de Valerio, se ha recurrido también el de Mariano Bacigalupo, marido de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Doña Teresa Ribera, como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras haber cesado como consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En este caso, para ser vocal de la CNMV se exige «reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores», algo que no se desprende de la trayectoria de este profesor de Derecho Administrativo, dicen los recurrentes.

Al salto que ya supone pasar de un organismo regulador en el cual el mandato está a punto de caducar a otro con un mandato entero por delante, se suma el hecho de que esté casado con una ministra del Gobierno, «por lo que deberían extremarse las cautelas por la evidente posibilidad de un conflicto de intereses».

«A nuestro juicio, este tipo de nombramientos pone de relieve el deterioro institucional acelerado que se vive en España así como la inobservancia –más allá de los formalismos que todavía se respetan- de los requisitos legales exigidos», apunta De la Nuez.

La fundación es consciente del riesgo de que se eche para atrás sus recursos por falta de legitimación activa, lo que puede impedir la revisión jurisdiccional de este tipo de nombramientos. En este sentido insta a que se reconozca esa legitimación activa a recursos y asociaciones que como esta tiene encomendada estatutariamente entre sus objetivos la defensa del Estado de Derecho mediante la interposición de los recursos jurisdiccionales que sean oportunos.