Rechazada la querella por torturas y lesa humanidad contra la exfiscal general de Venezuela

La querella, recoge el auto de archivo, «expone a través de numerosas informaciones periodísticas la violación de derechos humanos en Venezuela a lo largo de los mandatos de los Srs. Chávez y Maduro, y no es hasta el folio 54 cuando se individualiza el contenido de la querella en las personas de los querellados», pero no quedan bien acreditados indicios de delito.

El magistrado instructor recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo al indiciar que «carecen por sí solas de valor las informaciones periodísticas para abrir un procedimiento penal» y que el testimonio de la denunciante no sirve «para integrar y otorgar veracidad a lo denunciado». El auto reconoce la represión chavista, pero sostiene que los delitos de lesa humanidad cometidos en el país se investigan en la Corte Penal Internacional, «donde deben ser canalizados este tipo de denuncias al presentar la jurisdicción universal un carácter residual», en línea con lo manifestado por la Fiscalía.

El auto de archivo refleja que, atendiendo al testimonio de la denunciante, «inicialmente nos encontramos ante un delito de torturas y contra la integridad moral cometido fuera del territorio español contra una víctima que no tiene la nacionalidad española, lo que impide la atribución del conocimiento de la presente denuncia a la jurisdicción española». Así, el magistrado Piña declara la falta de competencia de la Audiencia Nacional e inadmite la querella.

Rodríguez Torres estuvo tres años preso en Venezuela como «traidor» a la revolución y fue enviado a España después de unas gestiones que lideró José Luis Rodríguez Zapatero. Por su parte, Luisa Ortega, representada por el penalista Ismael Oliver, huyó de Venezuela a Colombia y luego se refugió en España, donde solicitó asilo. El Gobierno de Maduro la reclama.