Rebelión entre jueces y fiscales por el ataque de la 'reforma Bolaños': no descartan ir a la huelga

«Con pleno respeto al proceso parlamentario, las asociaciones profesionales firmantes manifestamos nuestro firme compromiso con la defensa de la carrera judicial y fiscal, y de los valores constitucionales, y adoptaremos si ello fuera necesario y dentro de nuestro ámbito de actuación las medidas que resulten precisas para salvaguardarlos», señalaron hace unos días cinco de las siete asociaciones de jueces (3) y fiscales (2) en un comunicado conjunto en el que todavía no se hablaba de paros pero sí dejaba la puerta abierta a su posible convocatoria.

Las asociaciones alertan del «serio retroceso en el Estado de derecho» que supone el acceso «arbitrario» a la judicatura o la restricción de la participación democrática en órganos de gobierno del Poder Judicial. Esta deriva, advierten, pone en riesgo la independencia judicial y compromete, advierten, el derecho de la ciudadanía «a una justicia profesional, imparcial e independiente, como exigen los estándares constitucionales».

Es una de las cuestiones más espinosas de la ley: la modificación de los procesos de selección sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad que tienen que regir el acceso a la función pública. Lo hacen al eliminar el examen oral en la oposición para sustituirlo por un dictamen práctico eliminatorio. Según denuncian jueces y fiscales, se rebajan así las exigencias de conocimiento, se incrementa la subjetividad en la evaluación y se vuelve 30 años atrás.

Otro de los aspectos que indigna a ambas carreras (que comparten la misma oposición) es la nueva regulación del llamado cuarto turno, un concurso-oposición sin límite máximo de plazas al que puede acceder cualquiera que acredite cinco años «de antigüedad ficticia», ficticia porque el que los cumple no es el juez que ha pasado la oposición libre. Dicen ambos colectivos que esto posibilita un acceso «discrecional y arbitrario» que perjudica «grave y caprichosamente» a quienes superan la oposición por el turno libre.

Niegan las asociaciones que, como dice Bolaños, sea una exigencia europea regularizar a jueces y fiscales sustitutos, lo que el Gobierno planea llevar a cabo mediante un proceso de estabilización extraordinario. «Es contrario a nuestros principios constitucionales y no es lo que nos pide Europa», dicen. «La convocatoria de un único proceso por carrera, sin establecerse un número de plazas determinado, abierto a cualesquiera profesionales y basado únicamente en un dictamen práctico, seguido de una fase de méritos, no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales», apuntan.

Y es que este sistema otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras prácticas en la Escuela Judicial o el Centro de Estudios Jurídicos, sin equipararse en exigencia y comprobación de aptitud al proceso ordinario del turno libre. El peligro es consagrar «una vía de acceso extraordinaria« que carece de las garantías de transparencia y rigor. Eso al margen de que este acceso excepcional a la carrera judicial y fiscal que orilla el sistema ordinario «no solo constituye un agravio comparativo respecto a los opositores que superan un exigente proceso selectivo, sino que erosiona hasta su derrumbe los pilares constitucionales de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública, tal como recogen los artículos 23 y 103 de la Constitución Española».

La regularización pretendida debe abordarse desde su condición de empleados públicos y no a través de vías que perpetúen la interinidad. «Es imprescindible cesar en los nombramientos que superen los límites legales de temporalidad y avanzar hacia un modelo estable basado en el incremento progresivo y sostenido de plazas en la carrera judicial y fiscal obtenidas mediante un sistema selectivo basado en la excelencia, y ello hasta alcanzar estándares europeos. Solo así será posible garantizar una justicia impartida por profesionales independientes, con plena formación y legitimidad constitucional«, avisan.

Pero las asociaciones (entre ellas las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales) denuncian también que la creación de un centro público de formación de opositores dependiente del Ministerio de Justicia y con competencias en materia de becas implicará «un evidente riesgo de control ideológico del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del Ejecutivo, inasumible en un Estado de derecho con separación de poderes».