Rebajan otros 336.000 euros a los cabecillas del 'procés' acusados de malversación

Martín-Granizo, que es el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, ha comunicado este viernes su cambio de criterio, durante la vista. Entiende que esa acción no es punible a efectos de responsabilidad contable y que, por ende, debe sobreseerse. Los abogados de los encausados han secundado la propuesta de la Fiscalía, a la que tampoco se ha opuesto la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana (SCC).

Así las cosas, la titular del departamento de enjuiciamiento que lleva este caso, Elena Herranz, ha decidido en esta misma vista dar por sobreseída esa parte de las diligencias, con lo que la petición fiscal de las responsabilidades económicas por la malversación queda en apenas 3,1 millones de euros, frente a los 9 millones de euros que el propio Tribunal de Cuentas cifró en el acta de liquidación provisional librada en las diligencias previas y realizada por los auditores del propio TCu que investigaron lo ocurrido. Sumados los intereses, la cantidad estimad se elevaba a 9,5 millones. Pese a esa liquidación previa, el enjuiciamiento solo puede resolver ahora sobre las peticiones de las partes. De ahí que los encausados solo puedan ser condenados, en su caso, a una cantidad conjunta máxima de entre 3,1 millones (petición fiscal) y 5,1 millones (petición de SCC).

Hace unos meses, la Fiscalía ya rebajó a 3,4 millones su exigencia de responsabilidades a los entonces 35 encausados, un 62% menos de lo exigido por los instructores del TCu. Ahora se consuma un nuevo recorte de sus exigencias, 336.143 euros menos, que benefician exactamente a los que estaban encausados específicamente por esta parte de las diligencias: el fugado Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, el exvicepresidnete y dirigente de ERC Oriol Junqueras, y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Antoni Comín, Lluís Puig y otros dos ex cargos públicos de la Generalitat, uno de los cuales (Jaume Mestre) ha quedado totalmente libre de este proceso que se sigue ante el TCu, porque solo estaba encausado por esta parte del procedimiento, la campaña de publicidad 'Civisme'.

Frente a esa exigencia de 9,5 millones de euros que reclamaba inicialmente el acta de liquidación del TCu contra los cabecillas del procés, la Fiscalía deja ahora su petición de responsabilidades a apenas 3,1 millones de euros contra los 34 ex altos cargos de la Generalitat que quedan como encausados, mientras que Sociedad Civil Catalana eleva su petición final a 5,1 millones, que es la parte que ha podido constatar documentalmente durante sus investigaciones.

Según explicó este viernes el abogado de SCC, Juan Manuel Chapapría, la mayor cantidad que reclaman como acusación popular frente a la exigida por la Fiscalía responde a que el Ministerio Público solo cuenta los hechos condenados por el Tribunal Supremo cuando sentenció contra los cabecillas del procés por sedición y malversación, mientras que Sociedad Civil cuenta también otros desvíos de fondos públicos por hechos que no fueron objetos de reproche penal por el Supremo. Chapapría ha insistido, en este sentido, que la malversación contable que dirime el Tribunal de Cuentas no es coincidente con el tipo penal de la malversación que resolvió el Tribunal Supremo y que, por cierto, es exclusivamente el que ahora pretende rebajar el Gobierno con la reforma exprés del Código Penal.

El fugado Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat encausado en el Tribunal de Cuentas junto a otros 33 ex altos cargos catalanes por el golpe independentista de 2017, no ha logrado la inmunidad que reclamaba para sí en esta causa en la que se enfrenta a una millonaria responsabilidad por el desvío de fondos públicos para la hoja de ruta secesionista que culminó con la frustrada declaración de independencia de hace cinco años.

Su abogado defensor ante el TCu, el controvertido letrado Gonzalo Boye —procesado por el presunto blanqueo de dinero del narcotraficante Sito Miñanco—, exigió la inmunidad de Puigdemont en la vista celebrada este viernes en el Tribunal de Cuentas. La misma inmunidad fue reclamada por Boye para sus otros dos defendidos en este procedimiento del TCu, los también eurodiputados independentistas Clara Ponsatí y Antoni Comín.

Boye también pidió que sean llamados a declarar el ex ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y el fugado Puigdemont, sin aclarar si está dispuesto a hacerlo personalmente en Madrid. La magistrada ha denegado la testifical de Montoro, por «no ser pertinente, resultar improcedente e innecesaria». En cuanto a la declaración de Puigdemont la magistrada no ha admitido la solicitud de Boye para que declarara como encausado, pero sí acepta que declare como testigo, tal y como ha pedido el abogado de otro de los acusados.

Respecto a la pretendidas inmunidades, Boye alegó que sus clientes deberían ser inmunes ante el TCu por su condición de eurodiputado, argumento que fue rechazado tanto por la Fiscalía como por la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana (SCC). La titular del departamento de enjuiciamiento que lleva este caso, la magistrada Elena Herranz, ha coincidido tanto con el fiscal, Manuel Martín Granizo, como con el abogado de SCC, Juan Chapapría, y ha rechazado la aspiración de Boye para Puigdemont.

El fiscal subrayó que la inmunidad e inviolabilidad que recoge para los eurodiputados la normativa comunitaria no es extendible a la responsabilidad contable por desvío de fondos públicos, que no tiene carácter penal sino de resarcimiento de lo malversado. Martín Granizo destacó que, de hecho, si se reconociera la pretendida inmunidad e inviolabilidad ante el TCu «resultaría contrario al propio derecho de la UE», porque se convertiría en «un privilegio personal» y no en una garantía para la acción de un europarlamentario.

Este procedimiento que se sigue en el Tribunal de Cuentas, resaltó el fiscal, «no entra en conflicto con la inmunidad e inviolabilidad que contempla el Parlamento Europeo, porque no limita la libertad de movimientos ni implica la búsqueda, detención o procesamiento (penal)» de estos independentistas que esgrimen su condición de eurodiputados. Condición, por cierto, que en esta misma vista del TCu fue cuestionada este viernes por el abogado de Sociedad Civil Catalana.

Los letrados de los encausados vieron este viernes tumbadas todas las alegaciones que plantearon como excepciones procesales en contra de esta causa del Tribunal de Cuentas, con el fin de dar carpetazo al procedimiento y que los independentistas quedaran eximidos de responsabilidad con la anulación del procedimiento. Especialmente insistente fue el abogado Boye. Entre los letrados defensores también consta el exparlamentario independentista Francesc Homs.

Ante el rechazo de todas esas excepciones procesales, los abogados de los independentistas plantearon de viva voz recursos de reposición con las mismas intenciones, a los que se opusieron tanto el fiscal como el abogado de SCC. La práctica totalidad de esos recursos de reposición han sido desestimados por la magistrada en esta misma vista, aunque para algunos se ha remitido a la emisión de autos en los que argumentará más en profundidad su posición.

La petición de nuevas pruebas testificales y su aceptación por parte de la magistrada fuerza a la celebración de la vista del juicio como tal, algo que podría haberse evitado si solo se hubieran mantenido como pruebas a valorar las documentales. En tal caso, este viernes, en la audiencia previa celebrada, el caso podría haber quedado visto para sentencia.

Forzada la celebración del juicio, la magistrada deberá fijar ahora la fecha de la vista, algo que todavía no ha determinado.