Trillo: «Escocia fue independiente, Cataluña pertenecía a Aragón»

Trillo se expresa así en una carta enviada al diario británico 'Financial Times', respondiendo a un artículo publicado en octubre con el título "España, Gran Bretaña y el fruto prohibido de la independencia". En él se consideraba más sensato el enfoque británico de permitir un referéndum de independencia en Escocia que el rechazo de Madrid a hacerlo en Cataluña amparándose en una paradoja "legalista".

Así, además de las diferencias históricas entre los dos territorios, el exministro 'popular' subraya que no hay argumento "legalista" alguno, sino diferencias entre los órdenes legales español y británico. Mientras en Reino Unido bastó un voto parlamentario para que la organización de un referéndum de independencia dejase de ser "materia reservada" al conjunto del país, en España eso no es posible, porque la unidad nacional "está consagrada solemnemente en la Constitución española", explica el embajador.

Trillo reconoce que la Constitución española puede reformarse, pero con un proceso que requeriría amplia mayoría parlamentaria y ratificación en un referéndum de ámbito nacional. En Reino Unido, en cambio, la inexistencia de una Carta Magna escrita que deba ser reformada facilita el proceso.

En tercer lugar, subraya que la Constitución española de 1978 recibió en Cataluña un respaldo del 90 por ciento, más alto que el promedio del conjunto de España. "Es decir -resume-, un 90% de los votantes catalanes decidió hace no mucho que una cuestión que afecte a la integridad del territorio español debe ser considerada por todo el país".

De este modo, avisa de que un Gobierno democrático no puede desdeñar "esa expresión de la voluntad popular" como un argumento "legalista". Y recalca que la Constitución española ha funcionado bien durante más de 30 años y ha dado a Cataluña "el mayor grado de autonomía jamás conseguido antes en una España democrática o en la mayoría de Estados federales".

En la misma línea, subraya que dentro del marco constitucional "la coexistencia es posible y los problemas se pueden resolver, entre ellos los de la financiación autonómica". Por eso, concluye que la Constitución española y sus requisitos no pueden verse como argumentos "legalistas" o paradojas, porque son "el garante de la estabilidad y los derechos políticos de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España".