Una subcomisión velará por la transparencia de los productos financieros

Para abrir el debate sobre este tema, el partido que apoya al Gobierno ha registrado en el Congreso la solicitud de creación de este órgano que se debatirá próximamente en el Pleno de la Cámara Baja. Su idea es que la subcomisión finalice sus trabajos al final del próximo periodo de sesiones, es decir, en diciembre de 2012, sin perjuicio de que se pueda prolongar su actividad si así lo acuerdan los grupos parlamentarios.

Según ha adelantado Alonso, por la subcomisión desfilarán representantes de las entidades financieras, los órganos supervisores y los usuarios de la banca, con el fin de que el Congreso, tras analizar todos los puntos de vista, pueda hacer una serie de recomendaciones para "mejorar la transparencia" de los productos financieros y la información que reciben sobre ellos los clientes de los bancos. "No pueden volver a ocurrir cosas como las que han ocurrido, hay que proteger a los usuarios de la banca", ha enfatizado el dirigente 'popular', para quien "no deberían ofrecerse sin una información adecuada productos de riesgo o complejos a quien no los comprende o tiene un perfil contrario al riesgo".

Uno de estos productos son las conocidas como participaciones preferentes que fueron contratadas por cientos de personas en los años de bonanza que intentaron recuperar su dinero cuando llegó la crisis pero que no han podido hacerlo. Precisamente, la Comisión de Economía del Congreso debatirá este miércoles una proposición no de ley del PSOE en la que se pide al Gobierno que garantice a los clientes que contrataron participaciones preferentes la recuperación de su capital inicial y que regule la información que se da sobre estos productos financieros, garantizando que se ofrecen a personas con conocimientos suficientes para valorar sus riesgos.

Según datos aportados por los socialistas, aproximadamente un millón de personas invirtieron en estos productos un total estimado de más de 10.000 millones de euros. Sin embargo, la información que recibió la mayoría de ellos sobre condiciones de rentabilidad y liquidez fue "opaca" y "engañosa".

Además, ICV ya presentó a finales de enero una iniciativa similar, aún pendiente de debate, con el objetivo de acabar con el "corralito" que, a su entender, están sufriendo los titulares de estos productos, y pidió sanciones para los bancos que hayan abusado de sus clientes y que se suspendan automáticamente las operaciones si se demuestra que los 'test de conveniencia' arrojaron resultados negativos y, pese a ello, se prosiguió con las operaciones.