Los presos de ETA creen que es «el principio del fin de la política penitenciaria»

"No son tiempos fáciles ni agradables. Es hora de lucha y ¡lo conseguiremos!", dice el EPPK en un comunicado avanzado por el diario 'Gara', que será publicado íntegramente en su edición de mañana. En estas líneas se refieren al caso del secuestrador de Ortega Lara, Josu Uribetxeberria Bolinaga, quien hasta hoy ha estado en huelga de hambre para exigir su liberación por motivos de salud. Según dice el Colectivo, este caso supone "el principio del fin de la política penitenciaria" del Gobierno.

Según avanza el diario 'Gara', los presos etarras inciden en la demanda de excarcelación de quienes están enfermos (catorce según la izquierda abertzale), pero también a quienes se les ha alargado la condena o se les deniega la libertad condicional por otras razones.

Con el alargamiento de condenas los presos se refieren a aquellos que se encuentran en la cárcel por la aplicación de la 'doctrina Parot' (más de medio centenar) y cuya situación se encuentra pendiente del recurso que tiene previsto presentar el Gobierno ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH), que el pasado julio condenó a España por la aplicación de esta doctrina a la etarra Inés del Río.

Asimismo, para acceder a la libertad condicional los presos por terrorismo tienen que haber cumplido las tres cuartas partes de su condena, un pronóstico de reinserción favorable y haber sido clasificados en el tercer grado para lo que es imprescindible que rompan con ETA, pidan perdón a las víctimas, asuman su responsabilidad civil derivadas de sus atentados y colaboren con la Justicia, según indica el artículo 90 del Código Penal.

"Nos tienen que agrupar en Euskal Herria para poder hacer nuestra aportación en el proceso", sentencia el comunicado del Colectivo de Presos, que se produce casi dos meses después de su última comunicación pública cuando el pasado 1 de julio anunciaban su decisión de solicitar la ayuda de mediadores contra el "bloqueo" de su situación y la "estrategia política perversa" de los gobiernos español y francés.