El Gobierno lleva al Constitucional al Gobierno vasco por pagar la extra de Navidad a sus funcionarios

Ante la decisión del País Vasco de abonar la extra de Navidad a los funcionarios, contradiciendo la legislación básica del Estado, la vicepresidenta ha dicho que han decido plantear el correspondiente conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, y "requerir al Consejo de Estado para que informe sobre el mismo en el plazo de tres días". Ha añadido que una vez el Consejo de Estado informe, el Gobierno formalizará el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

Ha recalcado que éste será el procedimiento que se siga contra todas aquellas comunidades que "incumplan la legislación del Estado". En este sentido, la vicepresidenta ha explicado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está estudiando "caso por caso" y analizando también las "fórmulas" de adelanto de pagas de 2013 para saber si se respeta o no lo establecido en la legislación básica del Estado.

Ha especificado que en el caso del País Vasco "es claro" porque se trata de un pago correspondiente a este mismo año, por lo que el Ejecutivo ha decidido actuar, pedir un informe al Consejo de Estado y plantear el conflicto de competencias.

En la referencia del Consejo de Ministros se explica que la decisión del Gobierno de plantear el conflicto de competencias se ha tomado después del acuerdo del Gobierno vasco que "contraviene el carácter básico del real decreto ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad". Dicho real decreto establecía que el personal del sector público, incluido el autonómico, "verá reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes".

Además, la referencia del Consejo destaca que se ha acordado solicitar "el pertinente dictamen del Consejo de Estado que, ante la inminente aplicación de la decisión impugnada, se emitirá en un plazo máximo de tres días hábiles". Por tanto, una vez se obtenga dicho dictamen, el Gobierno asegura que "será plenamente eficaz" el acuerdo del Consejo de Ministros.

Tras este trámite, la abogacía del Estado interpondrá el conflicto ante el Tribunal Constitucional la próxima semana, y será en el próximo pleno de este Tribunal cuando se deberá decidir su admisión o no a trámite. El Ejecutivo ha asegurado que la suspensión operará desde que se comunique la providencia a ambas partes. El Tribunal Constitucional tiene un plazo no superior a cinco meses para ratificar o levantar la suspensión de la norma vasca recurrida por el Gobierno.