El Gobierno aprueba la reforma de las pensiones

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha destacado que se trata de un acuerdo muy importante con los agentes sociales, pero que aún están negociando otros aspectos relativos a la negociación colectiva o las políticas activas de empleo. En coherencia con este incremento en la edad de jubilación, aquellos que salgan del mercado laboral a los 67 años tendrán que haber cotizado 37 años para poder cobrar la pensión máxima, frente a los 35 actuales. Este tránsito se realizará progresivamente, en paralelo a la edad legal de jubilación.

No se modifica sin embargo la edad mínima para tener derecho al 50% de la pensión, que se mantendrá en 15 años, de forma que ahora harán falta no 20 sino 22 años más para poder acceder al 100% de la prestación. Sin embargo, existen excepciones. Así, aquellos con 65 años que tengan carreras de cotización de 38,5 años o las cumplan antes de los 67 años podrán jubilares con toda la pensión. En este caso, el paso de los 35 años a los 38,5 años para acceder a la pensión máxima se realizará a razón de seis meses cada dos años, es decir, en siete escalones. Así, a partir del cuarto año de entrada en vigor de la reforma, una persona con 65 años podrá jubilarse con toda su pensión si cuenta con 35 años cotizados.

Según datos del Gobierno, actualmente el 64,48% de los pensionistas acceden a la prestación máxima y estima que este porcentaje se vaya reduciendo hasta el 50% dentro en los próximos años por "la evolución de las carreras de cotización". Ahora bien, el Ejecutivo considera que la reforma de las pensiones supone pasar de un sistema "imperativo" a otro "flexible" para permitir a los trabajadores que tengan mayor elección a la hora de jubilarse. Por ello, cabe la posibilidad de jubilarse de forma anticipada y voluntaria a partir de los 63 años con una carrera de cotización de 33 años o más, aplicando un coeficiente reductor en relación a la edad de jubilación ordinaria que le corresponda dependiendo del momento de desarrollo de la reforma.

Con carácter general, el coeficiente reductor pasará del 8% al 7,5%, esto quiere decir que la jubilación anticipada y voluntaria a los 63 años supondrá una horquilla de penalización del 15% para el primer momento de la reforma y del 30% respecto a los 67 años que estén vigentes en 2027. Con todo, el Gobierno ha previsto una fórmula de atenuación del coeficiente reductor para que éste no sea superior al 42%, con lo que este porcentaje será el recorte máximo que un prejubilado podrá tener que sufrir en su prestación.

Por otro lado, también se ha modificado el incentivo para aquellos que retrasen voluntariamente la edad de jubilación sobre la ordinaria, pasando del 2%-3% al 3,5%, tanto para aquellos que trabajen más allá de los 67 como los que lo haga a los 65 años y puedan jubilarse a esa edad por sus años cotizados. En cuanto a la regulación de la reducción de la edad de jubilación para profesiones penosas, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales para establecer mediante un decreto ley qué profesionales y con que reducción podrán jubilarse en este marco.

En este punto, la reforma también contempla que las prejubilaciones tengan carácter voluntario y no tengan que pasar por un despido, al tiempo que se encarecen para los empresarios las prejubilaciones en expediente de regulación (EREs). Así, la redacción del Gobierno reserva la jubilación anticipada por despido cuando se deba a causas "objetivables", como la muerte o incapacidad del empresario, concurso de acreedores, etc. De esta forma, se separan de estas causas los expediente de regulación de reducción de plantilla. En este caso, si hasta ahora sólo se podía jubilar a trabajadores mayores de 52 años asumiendo el coste la empresa hasta los 61 años, ahora se establecerá el límite de edad en los 55 años y la carga para la empresa se extenderá hasta que el trabajador cumpla los 63 años.

Según cifras del Ministerio de Trabajo, las prejubilaciones anticipadas, entre bajas voluntarias y despidos, ascienden a septiembre de 2010 a 53.000 personas, lo que supone un 25,1% del total de las altas por jubilación. En cuanto a la jubilación parcial, apenas experimentará cambios. Si bien, el Gobierno apuesta por que los empresarios costeen el 100% de las cotizaciones tanto del trabajador relevante como del relevado, para que no suponga un coste para la Seguridad Social. Ello también se hará en un horizonte de 15 años.

Por otro lado, la reforma amplía de 15 a 25 años el periodo de cálculo de las pensiones, lo que, según el Ministerio de Trabajo, tendrá un efecto de subida o bajada del 1% sobre las pensiones en el caso del Régimen General y algo mayor en el caso de los autónomos.

Según el Gobierno, la ampliación a los 25 años no la notarán los empleados públicos, mientras que esta medida será "positivo" para aquellos que hayan sido despedidos en los últimos diez años de su vida laboral, ya que habrán sufrido una brusca caída en su base de cotización. Este periodo se extenderá de año en año hasta 2022, es decir, que la entrada en vigor de esta medida se producirá en un horizonte de solo diez años.