Fernández Díaz: «El tiempo da la razón a quienes no negociamos con ETA»

El titular de Interior no tiene dudas de que la decisión de ETA no tiene marcha atrás porque una vuelta a las armas provocaría un rechazo "total y absoluto" en la sociedad vasca y sería impedido además por la Fuerzas de Seguridad del Estado. "El cese de ETA es irreversible y lo que tiene que hacer ahora es interiorizar que ha sido derrotada. Si ha dejado de actuar lo que tiene que hacer es dejar de ser. Y dejar de ser significa disolverse", afirma.

En esta última etapa de la banda, el ministro del Interior rechaza de plano cualquier proceso de negociación al estilo del de Irlanda del Norte, donde recientemente varias facciones del IRA han unido fuerzas para volver a la actividad armada. Un hecho, que para Fernández Díaz, demuestra que el "diálogo" con ETA, reclamado por algunas sectores, supone un "diagnóstico equivocado" del conflicto vasco.

Frente a la negociación, el ministro apuesta por un modelo de disolución, similar al desarrollado en Italia en los años 80 con las Brigadas Rojas, acompañado por medidas de reinserción individualizada de los presos y, en su caso de "los refugiados y huidos que tengan cuentas pendientes con la Justicia, siempre en el marco de la Ley". "El tiempo nos está dando cada vez más la razón a los que apostamos por ese modelo y el tiempo se la está quitando a los que apostaron por el otro", subraya.

Fernández Díaz reconoce que el plan de reinserción de presos puesto en marcha el pasado mes de abril requiere de un "periodo de maduración" y un tiempo para que los reclusos de ETA interioricen que no habrá medidas colectivas ni extraordinarias. "Hay que dar tiempo al tiempo, para que los presos asuman la realidad, que no va a haber negociación (...), pensar otras cosas es pensar en ensoñaciones y utopías que ni se han producido ni se van a producir jamás con este Gobierno", proclama. Por ello, cree que en el momento en el que ETA deje de existir muchos de los 500 etarras que están en prisión "sin duda" se acogerían a los programas de reinserción porque "no sentirían la coacción" de la banda.

Defiende también Fernández Díaz la política de dispersión de presos de ETA que el Gobierno se replantearía una vez que la organización se disolviera. Para el ministro, el final definitivo de ETA pasa por que la banda entregue las armas y desmantele todas sus estructuras, no solo las de 'aparato militar' que está "inactivo", sino también su estructura logística, que se encuentra "muy diezmada".

Un 'aparato logístico' que, a día de hoy, se limita a mantener la comunicación entre sus "escasos" militantes y de custodiar la red de zulos donde la banda conserva su armamento.

En el proceso para el fin definitivo de ETA enmarca el ministro la iniciativa del Gobierno para que aquellos ciudadanos vascos y navarros que tuvieron que abandonar su tierra por la amenaza de ETA, puedan volver a votar en sus comunidades de origen.

Una reforma de la Ley Electoral que empezará a negociarse con los grupos parlamentarios tras el verano con el objetivo de conseguir el mayor consenso posible. "La medida tiene que gozar del mayor consenso parlamentario posible y por supuesto del apoyo del PSOE", añade. Se trata, según el ministro, de una propuesta que en ningún caso pretende adulterar el censo con fines electorales, tal y como han criticado formaciones nacionalistas. "Sería mezquino que pudiera verse de manera electoralista", proclama.

Respecto a Bildu y Amaiur, Fernández Díaz ha recordado la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la legalización de Sortu, que ha establecido las líneas rojas que no se pueden traspasar si no quiere incurrir en los supuestos de una ilegalización sobrevenida. Líneas rojas que, según el ministro, Bildu y Amaiur están rebasando "un día sí y otro también", por lo que les ha alertado de que el Gobierno está tomando "nota" de estas actitudes de cara a un hipotético proceso de ilegalización.

Indignado está Fernández Díaz con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la 'doctrina Parot', que ha amparado a la etarra Inés del Río, responsable de una veintena de asesinatos. "Es una ofensa a las víctimas, a la sociedad española y a los tribunales españoles (...). No es de recibo que este tribunal diga que los tribunales españoles violan los derechos humanos", lamenta. Por ello, confía en que el recurso que presentará el Gobierno español en septiembre les dé la razón y avale la legitimidad de una doctrina respaldada con sentencias de los tribunales Supremo y Constitucional.