«Le corresponde al juez decidir sobre su excarcelación»

En segundo lugar, la vicepresidenta del Gobierno ha apoyado al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuya comparecencia de ayer ha sido muy criticada por la Asoción de Víctimas del Terrorismo (AVT), y ha asegurado que el Gobierno actua "cumpliendo la ley, como se ha venido interpretando y aplicando". En este sentido, ha dicho que "respeta el parecer de las víctimas y lo comprende más que al 100%, porque es muy duro". En todo caso, "le corresponde a los jueces tomar la decisión a la vista de los informes". Finalmente, ha asegurado que el Gobierno respetará y aplicará esa decisión.

Además de la portavoz del Ejecutivo, diversas formaciones políticas y asociaciones han mostrado su reacción a la noticia:

Elena Valenciano, la vicesecretaria general del PSOE: "En este asunto estamos con el Gobierno y con el ministro del Interior, como nosotros hubiéramos querido que estuviera el PP cuando gobernábamos. No pueden decir lo mismo muchos miembros destacados del PP, pero nosotros sí".

Andoni Ortuzar, presidente del PNV de Vizcaya: "Tras tantos años de sembrar vientos por el PP ahora recoge tempestades entre sus propias filas, con la tangana que estamos viendo entre el ministro del Interior y el que lo fue, Mayor Oreja". "O cómo ha terciado Esperanza Aguirre con una absoluta falta de respeto a la democracia, diciendo que será legal (el tercer grado) pero que ella no lo aplicaría; la ley está para aplicarla, pero el PP recoge lo que él mismo ha cosechado". "En España la justicia y la aplicación de la ley están todavía demasiado sometidas a las decisiones políticas".

Eloy Villanueva, coordinador general del PP de Navarra: "A los terroristas se les aplica y se les seguirá aplicando la ley, le pese a quien le pese, y por encima de cualquier otra cosa siempre estará el respeto y el cariño a las víctimas de ETA".

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia: El juez ponderará los informes contradictorios sobre Uribetxebarria. La ley que regula este aspecto se fundamenta en razones humanitarias. No es muy frecuente que haya informes contradictorios. La norma no exige de manera necesaria que se tenga que cumplir la pena en prisión puesto que hay muchas enfermedades graves que se pueden cumplir en un centro penitenciario".

Antonio Roma, portavoz de la Asociación de Fiscales: "Habría que ver lo que dice cada uno de los informes. No hay una prueba que prevalezca sobre la otra".

Maria Moretó, portavoz de la Unión Progresista: "El magistrado a lo mejor tendrá que pedir una ampliación del informe y a ver qué tratamiento necesita. Si el que tiene que hacer el tratamiento dice que no lo puede hacer (...) el forense tendrá que explicar por qué el cree que si. Habrá que valorar lo que dicen unos y otros".

Instituciones Penitenciarias: "No hay nada que decir. Acataremos lo que decida la Audiencia Nacional sobre la excarcelación de Bolinaga". "El juzgado central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ya cuenta con los informes sobre el estado de salud del etarra en los que se basará para decidir sobre su puesta en libertad condicional".