Ramona Strugariu, ponente de la directiva europea anticorrupción: «El PSOE debería defender el Estado de derecho»

Precisamente el partido del Gobierno español negocia con los independentistas catalanes una amnistía que beneficiaría a Carles Puigdemont, impulsor del procés en 2017, procesado por malversación e investigado por terrorismo desde el pasado jueves por el Tribunal Supremo. Este fin de semana estuvo en la capital española con motivo de un encuentro de diputados europeos organizado por Ciudadanos y atendió a ABC.

-Este viernes, el Gobierno español filtró un informe sobre la amnistía de la Comisión de Venecia, todavía sin debatir ni aprobar. Interpretó que se avalaba la medida, aunque realmente no era así. ¿Qué decía el informe? ¿Por qué cree que el Gobierno español se apresuró a hacer una valoración positiva?

 -No he tenido oportunidad de ver el informe de anoche en detalle [la entrevista se realizó la mañana del sábado y la eurodiputada viajó de Roma a Madrid a primera hora]. Pero, respecto a la discusión sobre las amnistías que han tenido lugar en la Unión Europea y se ha introducido en la directiva contra la corrupción, le puedo decir que más allá de los debates específicos, lo que queda claro es que ningún ciudadano europeo quiere que se abolan -a través de amnistías- los delitos de corrupción.

-Usted es ponente de la directiva europea anticorrupción y apuesta porque en los países miembros no se puedan perdonar delitos de corrupción. ¿Dará tiempo a que la directiva entre en vigor antes de que se tramite la ley de amnistía en España?

-La posición del Parlamento Europeo respecto a esta directiva ya está fijada, ahora hace falta comenzar las negociaciones con el Consejo, que es el proceso legislativo habitual. Obviamente, esto no se va a producir antes de que termine este mandato, que está a punto de concluir, por lo que no habrá una directiva aprobada en un plazo demasiado inmediato. Sin embargo, más allá del momento en el que se apruebe, que todavía no sabemos la posición del Consejo, lo que ha quedado muy claro es el mensaje de que la corrupción es la causa de la pobreza, el subdesarrollo, la deprabación. Cuando los gobiernos miran más por sus intereses particulares que por los de la ciudadanía, se producen este tipo de situaciones. Este mensaje queda enmarcado en la directiva y marcará la posición del Parlamento en este mandato y en el siguiente para negociar con el Consejo.

-En Rumanía, su país, hubo un intento de ley de amnistía que fracasó en 2019. ¿A quién iba a beneficiar? ¿Qué papel jugó la Comisión Europea para que no saliera adelante?

-Lo que ocurrió fue que el anterior gobierno quería iniciar una amnistía para perdonar un número de delitos a un grupo de políticos corruptos. Lógicamente, hay que entender lo que que significa una amnistía, que es borrar cualquier traza de tu registro criminal, lo que tiene una influencia muy grande. De ahí que eso acabara en un referéndum por el que se movilizaron ocho millones de personas en contra. Hubo una resolución del Parlamento, con un texto muy contundente, entendiendo y poniendo de manifiesto que era un ataque al Estado de derecho. La Comisión Europea también se manifestó en la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo en la que yo misma estaba trabajando en el departamento técnico de un eurodiputado. Allí, el vicepresidente de la Comisión Europea se manifestó de forma muy explícita a favor del Estado de derecho y en contra de medidas que lo socavan. Fue muy importante, y esas voces tienen que seguir monitoreando y alzando la voz cuando haya ataques. Tanto desde las instituciones europeas como desde la ciudadanía, los periodistas y todas las voces que deben ejercer cierto control democrático sobre los gobiernos. Es importante destacar que la corrupción no es algo menor, sino que provoca un daño sistémico y tiene consecuencias en la economía, la vida social. Algunos delitos como la financiación ilegal de partidos sólo estaban tipificados en algunos países como una sanción administrativa. Lo que se ha introducido en el texto es que ningún país lo considere algo menor, sino que vaya por la vía penal porque es robar dinero a las arcas públicas en beneficio particular a través de la financiación de partidos.

-El Tribunal Supremo ya investiga a Carles Puigdemont por terrorismo. Él sería el principal beneficiario de la amnistía. ¿Debería el Partido Socialista Español renunciar a la ley?

-Lo que debería hacer el Partido Socialista es defender el Estado de derecho. En cualquier circunstancia. Y todos los partidos deberían hacerlo. Defender el Estado de Derecho implica comprender que los delitos los comete quien los comete y no distinguir entre si lo hacen aliados, adversarios políticos, quienes están en el poder o en la oposición. Esa es la definición del Estado de derecho, que la justicia sea independiente para hacer su trabajo, sin importar quién cometa un delito. Que quien lo haga, lo pague. En relación a Carles Puigdemont, fue muy notorio que en una reciente resolución del Parlamento Europeo sobre el 'Rusiagate' hubo tres nombres, entre ellos el de una eurodiputada que ha tenido conexiones acreditadas de militancia como espía de los servicios rusos durante varios años y otro de los contactos que aparecía con el Kremlin era Carles Puigdemont.

-Acaba de saltar un nuevo escándalo de corrupción alrededor de la compra de material sanitario para el Covid que afecta al asesor del exministro de Transportes español. ¿Está al tanto de estos hechos? ¿Le preocupan?

-Sin conocer los últimos detalles, los casos de corrupción relacionados con la compra de material sanitario en la pandemia los hemos visto también en otros países como Rumanía, donde hubo sobornos, beneficios para particulares o material que no cumplía los estándares mínimos. En estas circunstancias, lo que hace falta es la máxima transparencia sobre los fondos públicos manejados porque es especialmente grave.