Quince fiscales del Supremo deciden hoy si imputan terrorismo a Puigdemont

Quince miembros de la junta de fiscales de lo Penal del Alto Tribunal estudiarán a partir de las diez de la mañana el segundo borrador de su compañero Álvaro Redondo, que si en un primer momento vio terrorismo en los disturbios que tuvieron lugar en Cataluña como respuesta a la sentencia del 'procés', ha cambiado de opinión y lleva ahora a la reunión un informe en el que considera que de momento no hay indicios de criminalidad contra Carles Puigdemont y que en Tsunami sólo se puede hablar de desórdenes públicos graves. Su opinión ahora sí coincide con la del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, que al igual que ha sucedido en este caso, también en cuestión de días (los que mediaron entre los días previos y posteriores a a las elecciones del pasado 23 de julio) modificó la calificación fiscal visada por otro compañero de la Audiencia sin que la palabra terrorismo haya vuelto a resonar en el edificio de García Gutiérrez.

En una reunión que se prevé tan tensa como técnica, la junta de fiscales de lo Penal decidirá si respalda el informe de Redondo, que propone devolver la causa a la Audiencia Nacional para que se sigan investigando esos «desórdenes públicos», o si rechaza la propuesta de su compañero y se presenta un nuevo informe ante la Sala Penal del Supremo pidiendo que asuma la competencia para investigar los hechos. La eventual asunción de la causa por parte del Tribunal Supremo no vendría dada por el hecho de que lo que se investiga sea un delito de terrorismo —podría hacerlo la Audiencia Nacional—, sino porque uno de los investigados es Puigdemont, aforado por su condición de eurodiputado. Su imputación arrastraría al resto de encausados, entre los que también se encuentra el diputado del Parlamento catalán Rubén Wagensberg o la dirigente de ERC Marta Rovira. A ellos apuntó García-Castellón en la exposición razonada que envió al Tribunal Supremo el pasado noviembre.

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Nati Villanueva

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El magistrado situó a Puigdemont en el «vértice más alto de la organización» de Tsunami Democràtic, pues su condición de expresidente y líder desde Bruselas del independentismo «le atribuye una posición de autoridad incuestionable». García-Castellón señalaba que para esclarecer los hechos es preciso realizar unas diligencias de investigación que él no puede llevar a cabo (por el aforamiento del prófugo). Dice el fiscal Redondo en este segundo borrador que en estos momentos no hay indicios de criminalidad contra el expresidente, algo que, al igual que la ausencia de terrorismo, una parte de los fiscales que hoy se reúnen no comparten. De lo que decida la mayoría de la junta (compuesta por perfiles ideológicos muy variados) dependerá el informe definitivo que se presente ante la Sala Segunda, que es la que tiene la última palabra sobre el destino de esta causa. Fuentes fiscales consultadas por ABC no se atrevían ayer a pronosticar el desenlace de esta reunión, a la que algunos fiscales acuden con la intención de pedir explicaciones a Redondo por ese cambio de criterio del que ayer se desvinculaba el fiscal general a través de un comunicado en el que niega haber ejercido «cualquier influencia o presión» sobre ese fiscal.

A la vez, el propio Redondo exculpaba en otro comunicado a su jefe pero reconociendo la existencia de un «primer borrador interno» (el que aludía a terrorismo) modificado posteriormente «tras un profundo y exhaustivo estudio de los complejos hechos relatados» en la exposición razonada de García-Castellón. «Desmiento haber recibido ninguna instrucción del fiscal general en relación con este asunto. No recibí, no ya una instrucción, sino siquiera una mínima sugerencia por parte del fiscal general del Estado sobre la postura jurídica que debía asumir, como ponente ante la junta de fiscales del Tribunal Supremo (...)».